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Justicia para adolescentes

La justicia penal para personas adolescentes sigue sin ser prioritaria para el Estado mexicano.

Siendo una obligación convencional (1990) y constitucional (2005), plasmada en la ley nacional (2016), se requieren mayores esfuerzos y recursos para lograr un verdadero sistema integral, basado en el interés superior de la niñez.

Legalmente, dicho sistema incluye a personas adolescentes de 12 y hasta antes de 18 años de edad que enfrentan un proceso penal, mismo que debe ser especializado, considerar su etapa de desarrollo, y garantizar sus derechos a comprenderlo y participar activamente en él.

Desde hace más de una década trabajamos en su fortalecimiento institucional con énfasis en derechos humanos, a partir de las siguientes líneas de acción:

Monitoreo y evaluación, con base en el marco legal, mediante el Observatorio Libertad en Comunidad

 

Programas de formación integral para jueces, fiscales, defensoras/es, personas de las UMECA, facilitadoras/es, autoridades administrativas y miembros de OSC, incluidas guías y espacios de intercambio de experiencias

 

Nuestra inclusión en la Red de Justicia para Adolescentes de CONATRIB como representantes de la sociedad civil

 

Participación en las mesas para la elaboración de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (2016), así como en los diálogos para su mejora continua

 

Elaboración de informes especializados

 

Asistencia técnica para la creación de la primera unidad de medidas cautelares en México e iberoamérica, en el sistema de adolescentes de Morelos (2011)

Por lo anterior, la UNICEF-México nos distinguió con el Primer Lugar en la categoría «Buenas prácticas» del 4º Premio UNICEF 2012 y el Management and Training Award de ICPA (International Corrections and Prisons Association) nos seleccionó  entre los tres finalistas de los premios Innovativing Justice Awards 2012, como Iniciativa Exitosa.

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