Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México

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Azaola, Elena, Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México, UNICEF, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, febrero 2016.

Hoy, en México, alrededor de 4 mil 500 adolescentes están privados de libertad sentenciados por delitos considerados graves. No es solo una cifra, sino un grupo social cuyas historias personales refieren factores que los indujeron a violar la ley penal y, en general, sus «condiciones, rasgos y necesidades», así como la capacidad del sistema de justicia para proveerles, o no, el derecho a la reinserción social.

Así lo revela el Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México [UNICEF/Secretaría de Gobernación, 2016], de Elena Azaola, que aporta una indispensable base documental para « la formulación de políticas públicas encaminadas a disminuir el daño y deterioro que provoca la privación de la libertad en el desarrollo y evolución de los adolescentes».

Parte de una encuesta aplicada a 278 adolescentes privados de libertad en los estados de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa, encontrando que el 47% de dijo haber abandonado su hogar «por varios días o meses» antes de ser detenid@s, principalmente por «violencia entre los padres, el descuido o abuso sexual».

En cuanto a su detención, el 75% refiere haber sido golpead@ por la policía y más del 50%, que no se le informaron sus derechos.

Como principal problema estructural, Azaola encontró que el sistema sigue funcionando bajo el antiguo modelo tutelar, «sin personal capacitado debidamente sobre el sistema integral especializado y sin una transformación estructural efectiva».

Este es el principal obstáculo del sistema de justicia de adolescentes para responder con eficacia a la prioridad del 68% de los jóvenes privados de libertad: reinsertarse en la sociedad de una forma que les permita «apoyar a su familia», «construir una familia propia», «tener una casa y un trabajo» o «estudiar alguna profesión, desempeñar algún oficio o poner su propio negocio».

Lo que está en juego, acota la prestigiada autora, no es poco: «la posibilidad de dotar a los jóvenes deherramientas que les permitan reincorporarse de manerasana y productiva a la sociedad, o bien la de arraigarlos enuna carrera delictiva».

Finalmente, aporta una serie de recomendaciones sobre «Legislación», «Recursos», «Personal especializado», «Modelos de atención» y «Salud», entre otros asuntos de primer orden para que el sistema pueda cumplir con su mandato legal.

Consulta el Diagnóstico, disponible en PDF

De la detención a la prisión. La justicia penal a examen

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Pérez Correa, Catalina [coordinadora], De la detención a la prisión. La justicia penal a examen, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2015.

Recién aprobada la reforma del sistema de justicia penal, en 2008, se le incorporó un «régimen penal de excepción» que en la práctica «redujo derechos procesales para las personas acusadas de delincuencia organizada y amplió facultades (y discrecionalidad) para diversas autoridades penales».

Lo anterior desafía el sustento garantista de la reforma penal y, con otros aspectos, es parte del conjunto de obstáculos hacia junio de 2016 —fecha límite para implementar la reforma—, según lo aborda De la detención a la prisión. La justicia penal a examen [Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015], serie de ensayos coordinada por Catalina Pérez Correa.

Se analiza, por ejemplo, el impacto de mantener «la figura del arraigo hasta por 80 días sin necesidad de hacer una acusación y la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos», aunado a que «se definió la delincuencia organizada de forma que casi cualquier delito cabía en el régimen de excepción».

En suma, «mientras que una parte de la reforma hacía el procedimiento más abierto y transparente, la otra parte lo hacía más cerrado y opaco», resultando en que «la parte discrecional de la reforma ha ido ganando terreno en la normatividad secundaria derivada de la reforma, así como en la práctica».

En la realidad, por lo tanto, instituciones policiales, ministeriales, judiciales y penitenciarias llevan «ocho años funcionando con un régimen normativo que les otorga amplias facultades y discrecionalidad», es decir, «operando bajo el régimen previo, exacerbado por las prácticas que se han gestado a partir de la creación del régimen de excepción».

Tales desafíos se abordan de forma específica en los capítulos «La arbitrariedad como método de trabajo: La persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón», de Ana Laura Magaloni Kerpel; «Satisfacción judicial, procedimientos judiciales y delitos contra la salud: Evidencia de los Centros Federales de Readaptación Social mexicanos», de Aldo F. Ponce, y «Mujeres y drogas: Cómo sentencian los jueces federales a hombres y mujeres acusados de delitos contra la salud», de Rodrigo Meneses y Pérez Correa.

Cierra el volumen un estudio imprescindible de Pérez Correa y Aldo F. Ponce, «Garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad: Derechos de los internos y sobrepoblación carcelaria», y que concluye que «a mayor sobrepoblación carcelaria (en términos absolutos y relativos), aumenta el número de golpes y maltratos como insultos, humillaciones o amenazas que reportan los internos en las instituciones penitenciarias».

Obtén De la detención a la prisión. La justicia penal a examen

Hacia el cierre de Guantánamo

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Hacia el cierre de Guantánamo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agosto 3, 2015.

Omar es uno de los 22 adolescentes privados de libertad en la Base Naval estadounidense de Guantánamo [Cuba]. Esto ocurrió en 2012, cuando tenía 15 años, y desde entonces ha sufrido «constantes violaciones a sus derechos humanos»; por ejemplo, «se le negó atención médica, se le mantuvo en una celda con perros feroces, se le amenazó con abuso sexual y su cabeza estuvo cubierta con una bolsa de plástico».

Su caso está documentado, con los de otras 779 personas que han sido mantenidas ahí, en el informe Hacia el cierre de Guantánamo, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, «insta nuevamente a Estados Unidos a cerrar el centro de detención» [agosto 3, 2015].

La CIDH denuncia que las 116 personas que permanecen en el controvertido centro de detención han sido privadas del debido proceso, con detenciones arbitrarias y discriminatorias, basadas muchas de ellas en su condición de «hombres extranjeros musulmanes».

También advierte que quienes han sido juzgados «lo han sido por comisiones militares cuando le correspondería a cortes civiles, violando su derecho de ser juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial».

Y alerta sobre tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, calificados sin embargo por el gobierno de Estados Unidos como «técnicas de interrogatorio reforzadas», que van desde «confinamiento estrecho, la ‘técnica de pared’, posiciones de estrés y privación del sueño», hasta «golpizas brutales, descargas eléctricas e hipotermia inducida, entre otros».

A pesar de que Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de «garantizar a todas las personas detenidas dentro de su jurisdicción un procedimiento judicial adecuado que permita cuestionar la legalidad de su detención», concluye la CIDH, al interior de Guantánamo «los detenidos no tienen derecho al juicio justo y a la protección judicial».

Ante tal situación, sus recomendaciones son contundentes: «liberar inmediatamente a todos los detenidos que no han sido acusados ni juzgados» y«acelerar los traslados de detenidos a sus países de origen o a otros países», evitando aquellos donde «su vida, integridad personal o libertad personal puedan estar en peligro».

Por último, exhorta a «investigar todas las denuncias de abusos contra detenidos, incluyendo torturas y malos tratos y juzgar adecuadamente a los responsables, asícomo garantizar una reparación efectiva de las víctimas».

Consulta el informe Hacia el cierre de Guantánamo, de la CIDH

Manual para el uso no sexista del lenguaje. Lo que bien se dice... bien se entiende

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Pérez Cervera, María Julia, Manual para el uso no sexista del lenguaje. Lo que bien se dice... bien se entiende, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, SC, marzo 2011.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, SC, coinciden en que «el uso del lenguaje sexista no puede ser intrascendente, pues mientras se utilice no podremos conformar una sociedad igualitaria». Para contribuir a su transformación publicaron el Manual para el uso no sexista del lenguaje. Lo que bien se dice... bien se entiende, de María Julia Pérez Cervera [marzo, 2011].

Dicho Manual parte de que el lenguaje «puede ser un instrumento de cambio, de transferencia de conocimiento y cultura», pero al mismo tiempo «una de las expresiones más importantes de desigualdad, ya que manifiesta por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad y cómo en ésta se invisibiliza toda forma femenina».

En este último escenario, esta herramienta busca generar entre los funcionarios públicos, de forma prioritaria, una «mejor comprensión y conocimiento de los elementos que forman parte del lenguaje cotidiano y de los componentes que fomentan la discriminación, la desigualdad entre géneros o que promueven roles y estereotipos».

Por ejemplo, en el primer capítulo, «El papel del lenguaje como agente socializador», se presenta el marco conceptual del manual, precisando conceptos como sexo y género, qué es la socialización de género, y cómo el lenguaje «puede contribuir a crear y fomentar la discriminación ejercida hacia las mujeres».

En el resto de los capítulos se incluyen abundantes ejemplos sobre «El género en la gramática», «El uso del neutro y de genéricos», «Profesiones ejercidas por mujeres», «El lenguaje administrativo» y ejemplos de «Documentos con lenguaje sexista».

Las entidades que editan el manual esperan aportar una herramienta «para familiarizar al personal de la administración pública federal en el uso de las estrategias no sexistas que ofrece la lengua española», y sea, al mismo tiempo, «una referencia constante en el cumplimiento del quehacer institucional».

Consulta el Manual para el uso no sexista del lenguaje

Guía de derechos y beneficios en el nuevo sistema de ejecución de sanciones penales y reinserción social del Distrito Federal

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Guía de derechos y beneficios en el nuevo sistema de ejecución de sanciones penales y reinserción social del Distrito Federal, Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social AC, febrero 2015

Las personas privadas de libertad en la Ciudad de México y sus familiares ahora cuentan con una valiosa herramienta para conocer y exigir «los derechos que poseen durante el cumplimiento de una sanción privativa de libertad, los beneficios de preliberación y los mecanismos para obtenerlos en el marco del nuevo sistema de justicia penitenciaria».

Se trata de la Guía de derechos y beneficios en el nuevo sistema de ejecución de sanciones penales y reinserción social del Distrito Federal, el segundo volumen de la colección «Conoce tus derechos», de Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social, AC.

Dicha herramienta adquiere especial utilidad en el marco del nuevo sistema de justicia penitencia implementado recientemente en el DF, que se fundamenta en una visión donde las personas privadas de libertad «dejan de ser objeto de tratamiento correctivo clínico y se convierten en un sujeto de derechos y obligaciones», bajo la supervisión de una novedosa figura: el juez de ejecución de sanciones penales, cuya facultad es «vigilar el cumplimiento, modificación y duración de las sentencias».

La Guía se basa en los principales tratados internacionales que nuestro país ha ratificado, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hasta la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Incluye un análisis de los derechos de las personas privadas de libertad a la integridad personal, a una vida digna, a tener contacto con el exterior, a la adecuada defensa legal y a un sistema de reinserción social eficaz, además de exponer diversos beneficios como la «reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria y la remisión parcial de la sanción».

Consulta la Guía