Prisión preventiva en América Latina. Enfoques para profundizar el debate

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Prisión preventiva en América Latina. Enfoques para profundizar el debate, Andrea Cabezón [coordinadora], Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Chile, abril 2013

prisionALA 15 de años de iniciada en América Latina la reforma de los sistemas de justicia penal, los resultados en cuanto a la aplicación de la «prisión preventiva» registran claroscuros: en Argentina y Costa Rica, por ejemplo, aumentó el porcentaje de presos sin condena de 84% a 87%, y de 28% a 30%, respectivamente; en cambio, en Nicaragua y Chile se redujo a la mitad, pasando de 30% a 17%  y de 51% a 24% en cada caso.

Tales contrastes y sus razones se analizan en Prisión preventiva en América Latina. Enfoques para profundizar el debate, volumen que sistematiza los contenidos y las principales conclusiones de un seminario virtual ofrecido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas [CEJA] en 2011.

Mauricio Duce, director del Programa de Reformas y Litigación de la Universidad Diego Portales [Chile], afirma que una de las causas estructurales del uso arbitrario y extensivo de la prisión sin condena es la precaria capacitación de los actores del sistema penal, quienes no tienen clara, con base en las reformas, «la diferencia entre las funciones de investigar, controlar el desarrollo de la investigación, acusar y determinar responsabilidad penal».

Otros temas abordados son el desfase entre lo que disponen las leyes reformadas y las viejas prácticas prevalecientes, fortalecidas por un intenso movimiento contrarreformista, además de las características y consecuencias de la «detención con control judicial» y las ventajas de implementar servicios previos al juicio.

Los autores, además de Mauricio Duce, son Tobías Pedesta, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales [Guatemala], y Cristian Riego y Carolina Villadiego, director ejecutivo y consultora de CEJA [Chile].

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Prevenir no es curar

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portadaprevenirnoescurarLa prisión preventiva en Argentina: prácticas y discursos, de María Inés Pacecca [coordinadora], Asociación por los Derechos Civiles, Buenos Aires, 2012

Entre 1996 y 2010, la población carcelaria en Argentina aumentó de 25 mil a 60 mil personas privadas de la libertad, de las cuáles más de la mitad están en la modalidad de «prisión preventiva». En esta obra de consulta obligada, la antropóloga María Inés Pacecca revisa las consecuencias sociales del uso extensivo y arbitrario de dicha medida cautelar, a partir de los hallazgos de la Asociación por los Derechos Civiles.

Publicada por Open Society Justice Initiative, ofrece novedosos elementos de análisis sobre la aplicación abusiva de la prisión sin condena, proponiendo «proteger los derechos de las personas encerradas sometidas a un proceso penal, identificar alternativas para su morigeración, y evidenciar las consecuencias de la detención en sus familias».

Destacan de este libro los capítulos «La prisión preventiva en Argentina: usos y consecuencias», «Detenidos y familiares: el doble castigo del sistema penal», «Derechos fundamentales dentro de los penales federales» y «Encierro y reparación por daños y perjuicios: un camino por explorar. Experiencias en Argentina y Francia».

Incluye asimismo entrevistas a Laura Grandoso y Glenda Crinigan, integrantes del Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad del gobierno argentino.

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Estudios procesales

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Estudios procesales, no. 1, Centro de Estudios Procesales de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor [Chile], julio 2013

estudios procesalesEn su primera entrega, la revista Estudios procesales [julio 2013], de la Universidad Mayor [Chile],  recoge cuatro experiencias de servicios previos al juicio en América Latina y Estados Unidos, todas en implementación, aunque inspiradoras en un contexto donde encarcelar a las personas antes de juzgarlas es la regla.

En el editorial explica que si bien hoy los sistemas de justicia penal de la región persiguen abandonar el uso de la «prisión preventiva» como «consecuencia automática del proceso o una pena anticipada», eso está lejos de ocurrir, por lo que «resulta fundamental conocer metodologías comparadas vivificantes como las incluidas en la presente publicación».

En el caso mexicano, Ana Aguilar García, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal y coautora de un manual sobre el tema, expone la creación y funcionamiento de la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes de Morelos, reportando entre los primeros resultados que de 2011 a la fecha ha supervisado el cumplimiento de medidas cautelares en libertad para 54 adolescentes con solo 6 casos de incumplimiento.

También precisa que su creación «se fundó en la necesidad de atender el problema de contar únicamente con la posibilidad de prisión preventiva o de garantizar económicamente la libertad, con el impacto directo que ello conllevaba para los imputados pobres».

Las otras experiencias incluidas son las de Estados Unidos, presentada por Natalie Reyes, y Chile, a cargo de Miryam Bernal y Leonardo Moreno.

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Prisión preventiva en México. Estándares desarrollados por la jurisprudencia de órganos internacionales de protección de derechos humanos

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prisionpreventivaenmexico01«Prisión preventiva en México. Estándares desarrollados por la jurisprudencia de órganos internacionales de protección de derechos humanos», de Juan Carlos Gutiérrez, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006

Aunque el derecho internacional prescribe la «prisión preventiva» como medida cautelar excepcional, en México se aplica como norma, violándose la presunción de inocencia de más de 96 mil personas privadas de la libertad en las cárceles del país.

En su ensayo «Prisión preventiva en México. Estándares desarrollados por la jurisprudencia de órganos internacionales de protección de derechos humanos», publicado en 2006 y que sigue siendo referencia, Juan Carlos Gutiérrez reitera que esta modalidad cautelar privativa de la libertad, si bien no es propiamente una pena, «constituye una auténtica privación de uno de los derechos sagrados del hombre: su libertad».

En este interesante documento, disponible en el acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el autor revisa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Europea de Derechos Humanos, en lo tocante a las medidas de protección para garantizar que a una persona no se le prive arbitrariamente de la libertad.

Y, a partir de su análisis, propone a las autoridades del sistema de justicia penal mexicano acaten los criterios establecidos en esa legislación, asegurándose de que «previo a disponer la privación de la libertad, se verifique razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad de tal medida».

Esto evitará detenciones arbitrarias, «que aunque con apariencia de legalidad, vulneran derechos fundamentales y derechos humanos protegidos por la Constitución mexicana y los instrumentos internacionales».

El ensayo fue publicado hace seis años, pero no parece que, en general, los operadores del sistema de justicia penal se hayan enterado.

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Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra el sistema penitenciario federal

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Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra el sistema penitenciario federal, de Antonio López Ugalde, Programa Atalaya, México, marzo 2012

programaAtalaya itamEl Programa Atalaya [ITAM/FLACSO/Fundar] evaluó la capacidad de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] para atender quejas contra el sistema penitenciario federal, encontrando que cuando una persona interpone un reclamo, la CNDH inicia una burocrática y precaria investigación que suele terminar en una recomendación genérica a las autoridades carcelarias del tipo de «garantizar a los internos una estancia digna».

Dicha evaluación, a cargo de Antonio López Ugalde, académico del ITAM e investigador del Programa Atalaya, se basó en la revisión de 44 expedientes de 2011 seleccionados de manera aleatoria, y los resultados se presentan en el volumen Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra el sistema penitenciario federal [marzo 2012].

López Ugalde explica que durante los últimos cinco años [2007-2011] las quejas contra el sistema penitenciario federal interpuestas ante la CNDH casi se triplicaron, al pasar de 346 a 928, siendo las más frecuentes aquellas relacionadas con atención médica deficiente, irregularidades al otorgar libertades anticipadas, condicionamiento de visitas y traslados arbitrarios, y que violarían los derechos de los presos relativos a la libertad, certidumbre jurídica, legalidad, integridad física y trato digno.

Al final, el documento presenta una serie de recomendaciones a la CNDH, como el que las acciones que emprenda al recibir una queja se enfoquen «no solo una investigación genérica sino en la aclaración de los hechos, la identificación y sanción de los responsables, la cesación de las violaciones y la restitución de los derechos del afectado».

Sugiere también no minimizar la atención de casos individuales, pues estos «deben servir de guía, junto a otros elementos, para la definición de medidas de carácter general y, al mismo tiempo, ser utilizados para monitorear la eficacia de dichas medidas».

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