Presunción de inocencia

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presI AnaAPresunción de inocencia, Ana Aguilar García, Colección de Textos sobre Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diciembre, 2013

El principio de presunción de inocencia exige que en un juicio se pruebe la culpa y no la inocencia de una persona acusada de cometer un delito. El origen, la teoría, los matices y la situación actual del respeto a dicho principio en México son desarrollados por Ana Aguilar García, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, en Presunción de inocencia, cuaderno de la Colección de Textos sobre Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [diciembre, 2013].

Luego de una concisa introducción, Aguilar García sitúa la presunción de inocencia en el marco de la reforma del sistema de justicia penal aprobada en 2008 y hoy en curso de implementación, deteniéndose en tres puntos clave: el arraigo, las medidas cautelares en libertad y la «prisión preventiva» oficiosa en delitos catalogados como «graves».

Sobre el primer tema, precisa que contrario a la justificación de los legisladores para mantener el arraigo, «no hay evidencia empírica que indique que es un mecanismo eficaz» y, al contrario, viola los derechos consagrados en el debido proceso a la adecuada protección judicial, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, entre otros.

Sobre las medidas cautelares, explica que la reforma penal de 2008 reconoce el principio de presunción de inocencia «al considerar medidas alternativas a la prisión preventiva» equilibradas con la seguridad ciudadana, mediante lineamientos que «se traducen en la prueba de necesidad de cautela cuando exista algún riesgo procesal».

En otro capítulo aborda el tema de «La presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la información», y advierte que «nada hay más violatorio de la presunción de inocencia, y quizá es uno de los actos de autoridad más impunes», que la exhibición mediática de personas detenidas o imputadas de delito.

Y entre las conclusiones precisa que puede existir tensión entre algunos derechos, pero lo que no es permisible «es la privación de un derecho como la presunción de inocencia por considerar que ‘no es para todos’. Quienes emiten este tipo de juicios niegan la calidad de persona y, por tanto, desconocen la dignidad humana».

Consulte Presunción de inocencia, de Ana Aguilar García

Independencia judicial insuficiente, prisión deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú

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Independencia judicial insuficiente, prisión deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, Fundación para el Debido Proceso, Washington DC, septiembre 2013.

independencia-judicialEn América Latina, la decisión de confinar a una persona en «prisión preventiva» está claramente influenciada por la presión de poderes fácticos contra los jueces, quienes  ceden con relativa facilidad, más preocupados por su imagen pública y sus aspiraciones de acenso político, que por administrar Justicia.

De acuerdo con este estudio de la Fundación para el Debido Proceso, lo anterior contribuye en buena medida a que hoy la «prisión preventiva» sea la norma en la región, a pesar de que su uso debería ser excepcional, como lo establecen diversos tratados internacionales de derechos humanos.

En Independencia  judicial insuficiente, prisión deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, la Fundación desagrega el tema en aspectos nodales, entre ellos «Presunción de inocencia Vs. inseguridad ciudadana», «Intervención perniciosa de autoridades y políticos», «Los medios como interferencia» y «Respaldo popular a la ‘mano dura’».

Sobre este último punto, el documento encuentra la persistencia de una visión generalizada de Justicia punitiva entre la sociedad latinoamericana, reforzada desde los medios informativos, que se resume en la consigna: «Si un detenido no va a la cárcel, no se hace justicia», de modo que jueces y fiscales se sienten «cohibidos de pronunciarse por medidas distintas a la prisión preventiva, especialmente en los procesos de repercusión pública».

Algunas recomendaciones de la Fundación para el Debido Proceso son que «los poderes judiciales contrarresten o contengan presiones e interferencias sin pretender su completa anulación», que «el servidor judicial sea entrenado adecuadamente para manejarse en situaciones de alta controversia social» y que se «establezca un espacio de diálogo entre instituciones del sistema y directores de medios informativos acerca de las dificultades que enfrentan unos y otros en torno al tema».

Consulte el estudio

Tendencias internacionales de crecimiento en privatización de las cárceles

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International Growth Trends in Prison Privatization [Tendencias internacionales de crecimiento en privatización de las cárceles], Cody Manson, The Sentencing Project, agosto 2013.

trends-in-prisonEn este estudio subvencionado por The Sentencing Project, Cody Manson revela la voracidad del negocio que representa la edificación y gestión de prisiones privadas a lo largo del mundo, y en particular en Estados Unidos y Reino Unido, donde no casualmente este tipo de prisiones aloja sobre todo a personas migrantes.

Registra los diferentes modelos de privatización de los penales, precisando que las empresas que más beneficios lucrativos han obtenido por ello son G4S y Serco en Inglaterra, y Grupo GEO en Estados Unidos, las cuales han invertido «millones de dólares» en cabildeo para que sean endurecidas legalmente las políticas migratorias.

Explica que las empresas privilegian la rentabilidad, confinando a la comunidad privada de la libertad a deplorables condiciones de alimentación, higiene y salud, agudizando las prácticas de corrupción y extorsión y la violencia prevalecientes en los centros penitenciarios bajo su administración.

Otro caso que documenta es el de Israel, donde, por el contrario, el Tribunal Supremo resolvió que transferir la gestión de las prisiones a empresas privadas causaría «daños severos y graves a  los derechos humanos de los presos, a su libertad personal y la dignidad humana».

Manson concluye que sería «erróneo» y «miope» seguir la tendencia privatizadora de Estados Unidos y Reino Unido, pues «la privatización de las cárceles se basa en maximizar las ganancias por encarcelar y detener a la mayor cantidad de personas al menor costo posible».

Consulte International Growth Trends in Prison Privatization

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La cárcel en México: ¿Para qué?

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La cárcel en México: ¿Para qué?, Leslie Solís, Néstor de Buen, Sandra Ley, México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas, agosto 2013, pp. 79.

carcelMXEn el presente estudio, basado en un reporte de Guillermo Zepeda Lecuona, México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas aporta diversos hallazgos acerca del sistema penitenciario en México y las repercusiones sociales de su situación de crisis.

Recorre históricamente el paradigma carcelario y las causas de su actual parálisis estructural, mismas que no han tenido la adecuada respuesta del gobierno, que arguyendo el combate al delito se ha enfocado en meter personas a prisión de forma indiscriminada.

Al relacionar dicho sistema con el de justicia penal, hace notar que en nuestro país prevalece una visión retributiva de la Justicia, donde lo importante es que la persona imputada o culpable de un delito «reciba lo que se merece», fomentando así una mentalidad vengativa de la Justicia, en el sentido de que «el que la hizo, la paga».

Así, en 2011, precisa el estudio, el 96% de las personas con sentencias condenatorias terminaron en prisión, mientras que solo en un 3.6% de los casos se contemplaron salidas alternativas.

Ahora, ¿se pone tras las rejas a quienes cometieron los delitos que mayor daño y alarma social producen? No. El 58% de quienes cumplen sentencias lo hacen por condenas menores a tres años y por haber cometido delitos no violentos, en tanto que el 41.3% está privado de la libertad sin haber sido juzgado.

Como parte nodal de su útil investigación, México Evalúa propone que la solución a los graves problemas del sistema penitenciario en nuestro país pasa, obligadamente, por eliminar el uso de la prisión para delitos menores y no violentos, privilegiando sanciones no privativas de la libertad; aplicar de manera racional y excepcional la «prisión preventiva»; desarrollar programas y técnicas institucionales de reinserción social, además de la infraestructura y los mecanismos de profesionalización del personal administrativo y de custodia.

Consulta La cárcel en México: ¿Para qué?

La reforma procesal penal México. Retos y avances

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Boletín trimestral no. 2 del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID, México, abril-junio 2013.

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En la implementación de la reforma del sistema de justicia penal mexicano hay avances esperanzadores pero también confusiones y malas interpretaciones, tanto de usuarios del sistema como de funcionarios, por lo cual en su segundo boletín trimestral [abril-junio, 2013] el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID ofrece cinco análisis puntuales elaborados por expertos internacionales.

Abre con los que explican a profundidad «La unificación de la legislación procesal constitucional» y la relación que debería haber entre la policía investigadora y el ministerio público, escritos por Susana Camacho Maciel y Bernardo María León Olea.

Enseguida, Jaqueline Sáenz Andujo aborda en su artículo la urgencia de prever «en la reforma el reconocimiento de los sistemas de justicia comunitaria y la posibilidad de que las comunidades indígenas ejerciten su autonomía en la adopción de procedimientos para la resolución de conflictos sociales definidos como penales».

Finalmente, Carlos Ríos Espinosa y Fabio Valdés escriben acerca del principio de inmediación en el proceso penal y «la mala comprensión del concepto de procedimiento abreviado» por parte de las autoridades judiciales y, en general, de la opinión pública.

Consulta el boletín del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID