Reflexiones sobre los ámbitos de validez de la jurisdicción de ejecución penal

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Sarre, Miguel, Josselyne Béjar, «Reflexiones sobre los ámbitos de validez de la jurisdicción de ejecución penal», en Revista Jurídica Mexicana, Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho, noviembre 2014.

Con la reforma penal de 2008 entre otras cosas se eliminó del Artículo 18 constitucional «la carga terapéutica que tenía el postulado de ‘readaptación social’, sustituyéndolo por el conceptos más neutro de ‘reintegración social’», en tanto que en el 21 se incluyeron bases «para el control judicial en la ejecución penal, con impartidores de justicia especializados», ambas acciones dirigidas a remontar la visión de la persona privada de la libertad «como objeto de tratamiento» y asumirla como un sujeto de derechos.

Sin embargo, para que dicha visión comience a consolidarse hace falta, de inicio, que senadores y diputados aprueben la legislación única en materia de ejecución penal, y al respecto Miguel Sarre y Josselyne Béjar aportan sus «Reflexiones sobre los ámbitos de validez de la jurisdicción de ejecución penal», ensayo aparecido en la Revista Jurídica Mexicana, del Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho [noviembre 2014].

Son cinco las preguntas que guían su análisis: «¿sobre quiénes ejercen su jurisdicción las y los jueces de ejecución penal?», «¿qué cuestiones o controversias resuelven las y los juzgadores de ejecución penal?», «¿dónde se aplica la prisión?», «¿cuáles son las normas sustantivas, de competencia y de procedimiento durante la ejecución penal?» y «¿cómo se relaciona lo anterior con los ámbitos de validez de las normas en materia de ejecución penal?».

A partir de ellas, advierten de forma particular sobre el riesgo de que en algunos estados «juezas y jueces de proceso están realizando además funciones de ejecución», de modo que el resultado previsible es que «ante las exigencias cotidianas de los procesos penales, las cuestiones penitenciarias seguirán en el olvido».

En cuanto al papel específico de los jueces de ejecución penal, precisan que este «no se puede restringir al tema de los 'beneficios de ley' o reductivos de la pena de prisión, pues de esta forma no se garantizan otros derechos durante el cumplimiento de la prisión preventiva o definitiva, de tal suerte que habría ‘derechos sin garantía’».

Alertan, asimismo, que la incorporación del término «reinserción social» en sustitución de «readaptación social» debe tener consecuencias normativas, pues de lo contrario «estaríamos ante un ‘fraude de etiquetas’», pues dicho cambio tiene que ver justo con el abandono de una visión correccionalista como eje del sistema penal.

Finalmente destacan que una ley de ejecución penal adecuadamente concebida contribuiría «a que tanto las personas procesadas y sentenciadas privadas de la libertad, así como terceras personas afectadas por la prisión, salgan del olvido social y jurídico al considerarlas destinatarias de las reformas judicial y de derechos humanos emprendidas en nuestro país».

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Presunción de culpabilidad: El uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial

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Schönteich, Martin, Presunción de culpabilidad: El uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial, Open Society Justive Iniciative, septiembre 2014

El abuso de la «prisión preventiva» plantea una de las «crisis de derechos humanos más ignoradas mundialmente»; es tan grave que, en promedio, anualmente mantiene privadas de libertad sin sentencia a 15 millones de personas, acumulando 660 millones de días en prisión, lo cual implica «un coste considerable para el Estado y las familias, y un tremendo desperdicio de potencial humano».

Este fenómeno lo ha estudiado de manera persistente Martin Schönteich,senior legal officer del Criminal Justice Program de Open Society Justive Iniciative [OSJI], y sus actuales hallazgos aparecen en Presunción de culpabilidad: El uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial[septiembre 2014, OSJI], un estudio de referencia para enfocar el debate en el costo económico y social que el abuso de esta medida cautelar produce no solo a las personas privadas de libertad y sus familias, sino a la sociedad y al Estado.

Dos ejemplos del uso irracional de la «prisión preventiva», refiere Schönteich, son Bolivia y Liberia, donde «de todos los presos que se encuentran en prisión preventiva, pocos son quienes llegan a ser condenados por un delito que implique una pena privativa».

También destaca que los grupos sociales más vulnerables económica y socialmente son los más propensos a ser encarcelados sin juicio, debido a su imposibilidad de pagar una fianza, contratar una defensa legal adecuada o cubrir los sobornos que las autoridades judiciales les exigen para imponerles medidas cautelares en libertad.

En cuanto a los riesgos para la salud, Schönteich alerta que las personas en «prisión preventiva» adquieren una especie de «pena de muerte», pues «la probabilidad de contraer enfermedades venéreas es muy alta».

¿Y el costo económico de mantenerlas encarcelados sin condena? Insostenible. La Unión Europea, por ejemplo, «gasta 18 mil millones de dólares anuales» de los recursos de sus contribuyentes.

No obstante, hay en el mundo buenas prácticas de las que tenemos mucho que aprender: son los casos de Nueva Zelanda y Sudáfrica, donde cuentan con programas de servicios previos al juicio que promueven medidas cautelares alternativas al encarcelamiento, lo mismo que en Australia y México.

Descargue Presunción de culpabilidad: El uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial (disponible en inglés)

 

Personas privadas de libertad en prisión preventiva

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Welsch, Gherman, Acceso a la Justicia II: «Personas privadas de libertad en prisión preventiva», Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, diciembre 2014

Aunque es uno de los países latinoamericanos vanguardistas en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, hoy Chile enfrenta la amenaza de políticas públicas punitivistas que lo harían retroceder en la excepcionalidad de la «prisión preventiva» como medida cautelar.

Estadística y datos de seguridad y justicia penal

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El Proyecto Justicia, con patrocinio de USAID, desarrolló la plataforma virtual Estadística y datos de seguridad y justicia penal [noviembre 2014], que pone a disposición de académicos, activistas sociales y los propios operadores judiciales, útiles indicadores sobre el avance real en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que tiene lugar en México.

Personas presas sin condena, en mayor riesgo sanitario: Informe de la OMS

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prision-saludUno de los capítulos más sobrecogedores del informe Prisons and Health [mayo 2014], de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, es el relativo a las personas privadas de libertad en «prisión preventiva», que conforman un tercio de la población carcelaria global ―alrededor de 10 millones por año.

Sus autores son Denise Tomasini-Joshi, Ralf Jürgens y Joanne Csete, de Open Society Foundations, quienes documentan la alta vulnerabilidad de los presos sin condena, los cuales suelen ser encarcelados no en centros de detención especiales, sino mezclados en celdas con personas procesadas o condenadas, «a menudo sucias, mal iluminadas, sin ventilación, hacinadas y sin camas ni baños».

Identifican dos factores que «exacerban las malas condiciones de salud en detención preventiva»: 1) La «prisión preventiva» es vista como «temporal» y por lo tanto las personas detenidas no tienen acceso a servicio médico integral, y 2) el uso excesivo de tal medida cautelar satura las prisiones y desborda la capacidad de atención médica, de por sí deplorable.

En el primer caso, los expertos advierten que tal condición «temporal» es ilusoria, pues solo en la Unión Europea, si bien se establecen cinco meses como plazo máximo de «prisión preventiva», en los hechos las personas esperan sentencia hasta seis años.

Sobre el hacinamiento explican que la sola «reducción razonable» en el uso de la «prisión preventiva» mejoraría las condiciones de los servicios médicos en las prisiones, lo cual además «sería esencial para prevenir enfermedades e incluso la muerte, especialmente en casos de VIH, hepatitis y tuberculosis».

Finalmente los autores recomiendan que los ministerios de Salud y no las autoridades penitenciarias administren los servicios médicos y que se garantice la independencia de su personal, protegiéndolo de «ser cómplices de cualquier práctica que pueda constituir un trato cruel, inhumano o degradante».

El informe Prisons and Health también contiene los capítulos «Lo esencial acerca de las prisiones y la salud», «Violencia, abuso sexual y tortura en las prisiones», «Tratamiento de drogas y reducción de daños en prisiones», «Prisioneros con necesidades especiales» y «Salud de la mujer en el ambiente penitenciario», entre otros.

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