De la detención a la prisión. La justicia penal a examen

Publicado en Recomendadas (Acervo)

Pérez Correa, Catalina [coordinadora], De la detención a la prisión. La justicia penal a examen, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2015.

Recién aprobada la reforma del sistema de justicia penal, en 2008, se le incorporó un «régimen penal de excepción» que en la práctica «redujo derechos procesales para las personas acusadas de delincuencia organizada y amplió facultades (y discrecionalidad) para diversas autoridades penales».

Lo anterior desafía el sustento garantista de la reforma penal y, con otros aspectos, es parte del conjunto de obstáculos hacia junio de 2016 —fecha límite para implementar la reforma—, según lo aborda De la detención a la prisión. La justicia penal a examen [Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015], serie de ensayos coordinada por Catalina Pérez Correa.

Se analiza, por ejemplo, el impacto de mantener «la figura del arraigo hasta por 80 días sin necesidad de hacer una acusación y la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos», aunado a que «se definió la delincuencia organizada de forma que casi cualquier delito cabía en el régimen de excepción».

En suma, «mientras que una parte de la reforma hacía el procedimiento más abierto y transparente, la otra parte lo hacía más cerrado y opaco», resultando en que «la parte discrecional de la reforma ha ido ganando terreno en la normatividad secundaria derivada de la reforma, así como en la práctica».

En la realidad, por lo tanto, instituciones policiales, ministeriales, judiciales y penitenciarias llevan «ocho años funcionando con un régimen normativo que les otorga amplias facultades y discrecionalidad», es decir, «operando bajo el régimen previo, exacerbado por las prácticas que se han gestado a partir de la creación del régimen de excepción».

Tales desafíos se abordan de forma específica en los capítulos «La arbitrariedad como método de trabajo: La persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón», de Ana Laura Magaloni Kerpel; «Satisfacción judicial, procedimientos judiciales y delitos contra la salud: Evidencia de los Centros Federales de Readaptación Social mexicanos», de Aldo F. Ponce, y «Mujeres y drogas: Cómo sentencian los jueces federales a hombres y mujeres acusados de delitos contra la salud», de Rodrigo Meneses y Pérez Correa.

Cierra el volumen un estudio imprescindible de Pérez Correa y Aldo F. Ponce, «Garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad: Derechos de los internos y sobrepoblación carcelaria», y que concluye que «a mayor sobrepoblación carcelaria (en términos absolutos y relativos), aumenta el número de golpes y maltratos como insultos, humillaciones o amenazas que reportan los internos en las instituciones penitenciarias».

Obtén De la detención a la prisión. La justicia penal a examen