Lineamientos para la selección de altas autoridades del sistema de procuración de justicia: fiscal o procurador(a) general*

Publicado en Recomendadas (Acervo)

Fundación para el Debido Proceso, Lineamientos para la selección de altas autoridades del sistema de procuración de justicia: fiscal o procurador(a) generalEstados Unidos, 2017.

La investigación eficaz y la sanción oportuna del delito, son de vital importancia para el adecuado funcionamiento del Estado; y el papel que cumplen las autoridades de procuración de justicia es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema judicial y para la vigencia de los derechos humanos. Tanto el derecho de las víctimas de acceder a la justicia, como el derecho de los imputados a las garantías de un debido proceso, se ven afectados cuando la persecución del delito no se realiza de manera objetiva, independiente e imparcial. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado, la falta de independencia de los fiscales puede tener un impacto, tanto en la efectividad e impulso de las investigaciones como en la decisión de ejercer la acción penal, o de archivar una investigación. Por ello, resulta imprescindible que la selección de las altas autoridades del sistema de procuración de justicia –Fiscal o Procurador(a) General- recaiga sobre las personas más capaces e idóneas para el cargo. Ello requiere procesos de selección transparentes y públicos, orientados a identificar el mérito de los(as) candidatos(as), y en los cuales se permita la participación de la sociedad civil.

El presente documento contiene recomendaciones sobre los rasgos que deberían caracterizar los procesos de selección de altas autoridades del sistema de procuración de justicia y los elementos que debería contener un perfil de Fiscal o Procurador(a) General que sirva como herramienta idónea para identificar el mérito de los(as) candidatos(as) al más alto cargo del Ministerio Público. Si bien las legislaciones nacionales con frecuencia establecen que los(as) Fiscales o Procuradores(as) Generales están sujetos a los mismos requisitos que los(as) magistrados(as) de altas cortes, el papel de los primeros en relación al impulso de la investigación criminal, y sus facultades de dirigir estratégicamente la institución y de perseguir la actuación coherente del Ministerio Público mediante instrucciones generales de política procesal penal dirigidas a los fiscales de menor jerarquía, sugieren la consideración de ciertos rasgos particulares.

Estas recomendaciones se basan en la experiencia comparada en la elección de Fiscales y/o Procuradores(as) Generales, y recogen reglas y estándares desarrollados específicamente para la selección de fiscales en el marco de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Consejo de Europa; sin embargo, pueden ser complementadas con nuestras recomendaciones contenidas en los Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en los méritosco.[1]

Finalmente, si bien la existencia de modelos diversos de procuración de justicia determina que también existan diversas formas de seleccionar al titular de la entidad, consideramos que todas ellas deben estar orientadas a seleccionar a un(a) Fiscal o Procurador(a) General que pueda desempeñar sus funciones con autonomía y tenga la capacidad de resistir presiones de todo tipo que afecten la imparcialidad de su gestión y comprometan la confianza ciudadana en la institución.

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[1] Disponible en http://www.dplf.org/es/resources/lineamientos-para-una-seleccion-de-integrantes-de-altas-cortes-de-caracter-transparente--0

*El texto publicado pertence a la introducción de este Informe

Hacia un sistema de justicia penal incluyente. Proceso penal y discapacidad psicosocial

Publicado en Recomendadas (Acervo)

Sheinbaum, Diana y Vera, Hacia un sistema de justicia penal incluyente. Proceso penal y discapacidad psicosocial Documenta. Análisis y acción para la justicia social, AC, México, 2016.

El propósito de este texto es contar con una primera visión general sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial cuando entran en contacto con el sistema de justicia penal como acusados de haber cometido un acto delictivo en la Ciudad de México. Lo anterior con el objetivo de reflexionar sobre cómo el sistema de justicia podría responder de una manera más adecuada para garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás.

Diversos estudios han señalado que la probabilidad de que las personas con discapacidad psicosocial entren en contacto con el sistema de justicia penal es mayor que entre la población general. Esto se explica en gran medida a la incomprensión que existe en torno a la discapacidad, hecho que se agrava en el caso de la discapacidad psicosocial dado que ésta representa una de las menos entendidas y más estigmatizadas. No sólo eso, una vez en el sistema su condición es especialmente vulnerable, tanto por los estereotipos y prejuicios como por la falta de una adecuada capacitación de los actores involucrados en el sistema de justicia penal: policías, agentes del ministerio público, defensores, jueces, custodios y funcionarios en general.

A los prejuicios y a la falta de capacitación, hay que sumar la existencia de una legislación penal discriminatoria que considera a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual como “incapaces” de ser responsables, manejar sus propios asuntos y tomar decisiones sobre su vida. Así, cuando a una persona con discapacidad psicosocial y/o intelectual se le acusa de haber cometido un delito, puede ser detenida, procesada y sentenciada como inimputable, es decir, un individuo que almomento de cometer el hecho no tiene “[...] la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado”. Bajo esta perspectiva, el sistema de justicia ha justificado la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, específicamente el reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, el derecho a un debido proceso, su igualdad ante la ley y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás.

Frente a este contexto, la ratificación en el año 2007 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por parte del Estado mexicano obliga a un cambio de paradigma profundo que elimine las múltiples formas de discriminación. Este cambio implica el abandono de una perspectiva que ve a la persona con discapacidad como un objeto que requiere tratamiento y curación, por un enfoque en el que se le reconoce como titular de derechos y obligaciones. En otras palabras, bajo los esquemas médicos tradicionales se considera que la discapacidad es una enfermedad, producto de un déficit en el funcionamiento del individuo, que supone centrar las respuestas sociales en la rehabilitación o normalización de la persona para lograr su adaptación a las demandas y exigencias de una sociedad diseñada para personas sin discapacidad.

De acuerdo con este enfoque “normalizador” existen algunas personas que son “normales” porque poseen ciertas habilidades cognitivas –sentir, comunicarse, razonar de determinadas maneras consideradas adecuadas– que les permite tomar decisiones sobre sus proyectos de vida de unaforma “correcta”, es decir, demanera libre, autónoma, independiente y responsable. Aquellas personas que no encajan en este modelo de “normalidad”, que refleja en buena medida el ideal moderno del hombre que se autodetermina en su existencia, son etiquetadas directa o indirectamente como “incapaces”.

Mientras tanto, en el nuevo paradigma sobre la discapacidad impulsado por la Convención, la imposibilidad de una persona para participar plenamente en la sociedad no es el resultado de sus limitaciones individuales sino de losfactores sociales que la excluyen. Ejemplos de esta exclusión van desde cuestiones muy visibles como el diseño arquitectónico, hasta aspectos menos explícitos como legislaciones, políticas, prejuicios y estereotipos. En este esquema, se asume que la discapacidad es un hecho universal, frente al cual toda la población está en situación de riesgo.

Lo anterior no implica que las personas con discapacidad deban ser tratadas de la misma manera que las personas sin discapacidad. No se trata de ignorar las diferencias o minimizarlas, sino de crear los apoyos y ajustes necesarios para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y el goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Esto forma parte de la lucha por superar la marginación y la estigmatización de la diferencia, garantizando la igualdad.

Este nuevo entendimiento de la discapacidad tiene como base la noción de que las personas con discapacidad deben estar involucradas en las decisiones que las afectan. Así, los principios detrás de este modelo son la inclusión, la participación sin restricciones y la igualdad de derechos y obligaciones.

Al ratificar la CDPD, México se comprometió a adoptar todas las medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad y que interfieran en el ejercicio efectivo de sus derechos. Como parte de esta Convención, los Estados se comprometen a asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás y gozando de las mismas garantías judiciales. Para tal efecto, la misma CDPD exige la realización de ajustes adecuados al procedimiento a través de los cuales se logre la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos judiciales.

Lo anterior nos obliga a realizar una exhaustiva revisión tanto de la legislación, las políticas y los programas del sistema de justicia penal con el objetivo de transformarlo en un sistema basado en el respeto de los derechos humanos de todos los individuos. No es exagerado afirmar que las legislaciones nacionales en ocasiones constituyen verdaderos obstáculos para la inclusión de las personas con discapacidad.

Sin embargo, la armonización legislativa no es suficiente cuando en la práctica los operadores del sistema de justicia siguen promoviendo una visión de la discapacidad como una enfermedad e impulsando acciones paternalistas y discriminatorias que privan de toda autonomía y dignidad a las personas con discapacidad. En ese sentido, resulta urgente trabajar por la sensibilización y capacitación de los operadores del sistema de justicia.

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*El texto publicado pertenece a la introducción de este libro

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Uso de Medidas Cautelares en el Sistema Acusatorio: Informe Actualizado para el Estado de Chihuahua

Publicado en Recomendadas (Acervo)

Toledo, Alberto, Uso de Medidas Cautelares en el Sistema Acusatorio: Informe Actualizado para el Estado de Chihuahua, Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, Fundación MacArthur en México, 2016.

Las medidas cautelares (MC) son mecanismos que restringen la presunción de inocencia y la libertad personal utilizados para prevenir la actualización de alguno de los siguientes riesgos procesales: primero, la probabilidad de que la persona imputada se sustraiga de la justicia y deje de asistir a sus audiencias; segundo, que la persona imputada obstaculice la investigación que se sigue en su contra a través de la destrucción de pruebas o intimidación de testigos; y tercero, que la seguridad de la víctima o los testigos se vea amenazada.

Es el ministerio público es quien tiene la carga de probar la existencia de uno o varios de estos riesgos y la necesidad de cautela; es decir, la necesidad de restringir la libertad de la persona imputada durante el proceso penal.

Esto lo hace a través de la petición que presenta dentro de la audiencia inicial del proceso acusatorio. Una vez que presenta sus argumentos, la defensa tiene la oportunidad de pronunciarse. Ésta podrá estar de acuerdo con la solicitud del MP o bien, debatir la petición con información que contrarreste la necesidad de cautela alegada.

A partir del debate de medidas cautelares, el juez debe decidir si es necesario imponer una MC. Las MC dictadas deben ser necesarias, idóneas, proporcionales y fundadas en el principio de mínima intervención.

Su decisión tiene que estar justificada a partir de una evaluación de los argumentos presentados por las partes, controlando que realmente se basen en las circunstancias propias de la persona imputada y no en generalizaciones o prejuicios. Simultáneamente, el juez también debe decidir los tipos de MC, su duración, las condiciones de cumplimiento, y la autoridad que estará encargada de supervisarlas.

Las MC son muy importantes, no solo por la función que cumplen para reducir riesgos procesales, sino también porque están directamente relacionadas con el derecho humano de toda persona a llevar su proceso penal en libertad y a ser presumida inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Por su parte, aunque se reconoce que la prisión preventiva está justificada en algunos casos, su uso debe ser excepcional y no una regla general. También se deben limitar su duración y el tipo de casos para los que puede ser usada para evitar que su uso sea excesivo.

En ese contexto, resulta evidente que la calidad de la información proporcionada a través del debate es determinante para que las MC que se imponen a una persona realmente sean las menos lesivas y las más adecuadas y proporcionales.

Para lograr esto, las partes deben contar con información objetiva y confiable que les permita argumentar sobre los tipos y grados de riesgos asociados con una persona imputada. Esto pasa por la creación de los Servicios Previos al Juicio, los cuales tienen como una de sus funciones principales el obtener información verificada sobre las circunstancias de la persona imputada; tales como su arraigo, empleo, familia, apoyos y vínculos personales, comportamiento durante la investigación, antecedentes penales, incumplimiento de medidas cautelares o condiciones anteriores, y cualquier otro dato relevante.

Por otro lado, las partes deben estar capacitadas para realizar argumentaciones efectivas que les permitan justificar sus solicitudes y responder a los contraargumentos que haga la otra parte. Esto incluye entender el objetivo de las MC y los principios que deben regirlas, tener una preocupación por el éxito de la persona imputada para que pueda cumplir sus MC y acudir a sus audiencias, y preocuparse también por el éxito del proceso penal que se sigue en su contra.

En este sentido, el papel de los jueces es fundamental, ya que son ellos quienes deben imponer un estándar alto en la calidad de la información y de las argumentaciones para el desarrollo de los debates. También tienen las obligaciones de justificar sus decisiones a partir de la información que le dan las partes, y de explicar a la persona imputada los alcances de las MC que se le imponen y las consecuencias de su incumplimiento.

Con base en todo lo anterior, este reporte analiza el uso de las MC en el sistema de justicia penal del estado de Chihuahua. Se busca responder a dos preguntas: ¿Bajo qué circunstancias se está dando la imposición de MC en las audiencias? y ¿qué tendencias generales se pueden observar en la imposición de MC, especialmente en las que son privativas de la libertad?

Para responder nos basamos en dos tipos de información. Por un lado, en datos estadísticos proporcionados por el Supremo Tribunal de Justicia (en adelante “Tribunal”) y, por el otro, en información derivada de la observación directa de audiencias de medidas cautelares siguiendo una metodología diseñada para capturar información sobre la calidad del debate de medidas cautelares y con qué argumentos se estaban justificando las peticiones de las partes.

Esta observación se llevó a cabo entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre de 2015. En total, pudimos recolectar información de 45 audiencias de un total de 192 que se 3 realizaron en el mismo periodo (23.4%). El código vigente en ese momento era el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

Aunque se trata de una muestra pequeña, nuestra información nos permite hacer algunas inferencias sobre el uso de las MC y sobre el desempeño de los actores del sistema en la solicitud, debate e imposición de dichas medidas.

A partir de la descripción de nuestros resultados, generamos comentarios sobre buenas prácticas, retos y oportunidades del estado de Chihuahua en el tema frente a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales también pueden ser apropiados por autoridades judiciales de otros estados.

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*El texto publicado pertence a la introducción de este Informe

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Invisibles: ¿hasta cuándo? Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe

Publicado en Recomendadas (Acervo)

Bango, Matilde, Paula Lappado, Federico Mello y Enrique Saavedra, Invisibles: ¿hasta cuándo? Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y El Caribe. Estudio de caso: Brasil, República Dominicana, Nicaragua y Uruguay, Church World Service América Latina y El Caribe/Gurises Unidos, 2013.

«Los niños y niñas de personas presas son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal. No han hecho nada malo y sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad. Sus derechos de crianza se ven afectados tanto por la acción delictiva del progenitor como por la respuesta del estado en nombre de la justicia».

Es un problema estructural en América Latina y El Caribe, según documentaron el Church World Service y Gurises Unidos en el estudio Invisibles: ¿hasta cuándo?, donde se «constata la situación de vulneración de derechos en la que se encuentran los niños cuando sus padres se encuentran encarcelados, lo cual refuerza su lugar de exclusión social».

Este importante documento se basa en «ricos testimonios de padres, madres y de los propios niños y niñas que relatan y exponen la situación de estigmatización por la que atraviesan, lo cual afecta su dignidad y autoestima».

Identifica como problema central que, al ser privada de libertad la persona cabeza de familia, «esta situación implica la reconversión de roles en la dinámica familiar para el mantenimiento económico», y «se deja así relegado a un segundo plano el acceso a diferentes ámbitos sociales que garantizan sus derechos a la educación, salud y participación, entre otros».

La información y los hallazgos buscan sensibilizar y hacer partícipes a instituciones gubernamentales y a organismos internacionales capaces de incidir en políticas públicas que «visibilicen y garanticen los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad».

Los resultados se enfocan en la investigación de campo en Brasil, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, si bien se advierte que tal escenario se reproduce globalmente.

Tres de los capítulos más interesantes son: «Caracterización de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad», «La voz de los niños, niñas, adolescentes y sus familiares» y «Algunas visiones de los decisores de políticas públicas y actores calificados».

Finalmente, entre los desafíos identificados resaltan «la ausencia de diagnósticos como insumos para la toma de decisiones, la débil implementación de programas específicos para la atención de los hijos de presos, la escasa cantidad y capacitación en la temática de los recursos humanos disponibles, y las dificultades de coordinación entre servicios públicos, así como entre estos y las organizaciones de la sociedad civil».

En general, no obstante, el estudio concluye que al día lo anterior redunda en que «no se tengan en cuenta ni el interés superior del niño ni las consecuencias sociales de la acción punitiva del Estado».

Lo autores de Invisibles: ¿hasta cuándo? son Matilde Bango, Paula Lappado, Federico Mello y Enrique Saavedra.

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Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México

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Azaola, Elena, Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México, UNICEF, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, febrero 2016.

Hoy, en México, alrededor de 4 mil 500 adolescentes están privados de libertad sentenciados por delitos considerados graves. No es solo una cifra, sino un grupo social cuyas historias personales refieren factores que los indujeron a violar la ley penal y, en general, sus «condiciones, rasgos y necesidades», así como la capacidad del sistema de justicia para proveerles, o no, el derecho a la reinserción social.

Así lo revela el Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México [UNICEF/Secretaría de Gobernación, 2016], de Elena Azaola, que aporta una indispensable base documental para « la formulación de políticas públicas encaminadas a disminuir el daño y deterioro que provoca la privación de la libertad en el desarrollo y evolución de los adolescentes».

Parte de una encuesta aplicada a 278 adolescentes privados de libertad en los estados de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa, encontrando que el 47% de dijo haber abandonado su hogar «por varios días o meses» antes de ser detenid@s, principalmente por «violencia entre los padres, el descuido o abuso sexual».

En cuanto a su detención, el 75% refiere haber sido golpead@ por la policía y más del 50%, que no se le informaron sus derechos.

Como principal problema estructural, Azaola encontró que el sistema sigue funcionando bajo el antiguo modelo tutelar, «sin personal capacitado debidamente sobre el sistema integral especializado y sin una transformación estructural efectiva».

Este es el principal obstáculo del sistema de justicia de adolescentes para responder con eficacia a la prioridad del 68% de los jóvenes privados de libertad: reinsertarse en la sociedad de una forma que les permita «apoyar a su familia», «construir una familia propia», «tener una casa y un trabajo» o «estudiar alguna profesión, desempeñar algún oficio o poner su propio negocio».

Lo que está en juego, acota la prestigiada autora, no es poco: «la posibilidad de dotar a los jóvenes deherramientas que les permitan reincorporarse de manerasana y productiva a la sociedad, o bien la de arraigarlos enuna carrera delictiva».

Finalmente, aporta una serie de recomendaciones sobre «Legislación», «Recursos», «Personal especializado», «Modelos de atención» y «Salud», entre otros asuntos de primer orden para que el sistema pueda cumplir con su mandato legal.

Consulta el Diagnóstico, disponible en PDF