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En México, 4 de cada 10 personas privadas de libertad en prisión no han sido sentenciadas, lo que representa «poco más de 100 mil personas legalmente inocentes expuestas a motines, violencia, consumo de drogas, homicidios y en general al autogobierno imperante en las cárceles», documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] en su Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas [enero 13, 2014].

Ximena Antillón

La Ley General de Víctimas (LGV) surgió como una demanda de diferentes sectores de la sociedad civil (académicos y organizaciones de derechos humanos y de víctimas). Básicamente la idea era que el Estado debía responsabilizarse por el impacto que la guerra contra el narcotráfico había generado en la población, en particular en miles de víctimas como los familiares de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas. Esto significaba atender sus necesidades y garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. La Ley General de Víctimas fue aprobada por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados en abril de 2012. Sin embargo, no fue publicada hasta enero de 2013 debido a una serie de maniobras que el entonces presidente Felipe Calderón realizó —posiblemente para eludir el significado político de cerrar su administración con una ley de víctimas como consecuencia de su estrategia de seguridad—.

Lunes, 20 Enero 2014 00:00

«Delito: ser mujer»*

Denise Dresser

El delito de ser mujer. El delito de usar la falda demasiado corta y el escote demasiado bajo. El delito de ser la que se lo buscó: la violación o el asalto o el golpe o la cárcel. La tragedia colectiva de mujeres homicidas para quienes la muerte es paradójicamente su única salida ante la inminencia de la muerte misma. La tragedia común de mujeres acusadas de crímenes que no cometieron, pero condenadas por un sistema judicial que tiene un sesgo contra ellas. Y el tratamiento que reciben -jurídico, judicial, penitenciario- abre una ventana que permite vislumbrar a nuestra sociedad. Una sociedad machista. Una sociedad sexista. Una sociedad misógina. Una sociedad que encarcela mujeres porque las enjuicia de manera más severa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la Ley de Geolocalización aprobada en marzo [2012] por la Cámara de Diputados, con la cual el ministerio público podrá rastrear teléfonos móviles sin orden judicial, desechando así el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual refería  implicaciones contra el derecho a la privacidad.

Esperanza Reyes fue condenada en San Luis Potosí a seis años de prisión por el uso de billetes falsos. De acuerdo con la Barra Mexicana de Abogados, el suyo es un caso paradigmático donde el sistema de justicia penal no solo impuso una sanción desproporcionada, sino que violó garantías del debido proceso, por lo que solicita un indulto al presidente Enrique Peña Nieto [enero 10, 2013].

Amnistía Internacional entregó a la Embajada de Estados Unidos en México una petición firmada por 17 mil 500 personas de 57 países para que las autoridades de Texas acaten una sentencia de la Corte Internacional de Justicia y suspendan la ejecución del mexicano Édgar Tamayo Arias.

Lunes, 13 Enero 2014 00:00

«La Corte en 2014»*

Ana Laura Magaloni Kerpel

El 2014 va a ser un año muy interesante en la Suprema Corte. Muchos de los asuntos que están en puerta para su resolución son de enorme relevancia para los ciudadanos. Por razones de espacio, sólo voy a mencionar tres de los que me resultan más interesantes.

Ivalen tij-uia-mx

Más de diez años pasaron para que las mujeres tlapanecas [Me’phaa] Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, de La Montaña de Guerrero, tuvieran derecho a la Justicia en México: los cuatro militares denunciados por abusarlas sexualmente serán judicializados por el sistema penal [enero 10, 2013].

Luis Cruz

En los reclusorios del DF el número de reos disminuyó en 2013, pero el hacinamiento continúa.

Las estadísticas de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario revelan que el año pasado la cifra de internos bajó mil 124 presos.

El informe de la dependencia carcelaria señala que al cierre del 2012, los centros de reclusión del DF albergaban a 41 mil 610 internos, cuando la capacidad era de 22 mil 453 espacios.

De acuerdo con el sistema judicial de tipo acusatorio que se implementa en México, las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito —de todas las materias jurídicas— serán públicas, al entrar en vigor elAcuerdo 41/2013, del Consejo de la Judicatura Federal [enero 3, 2014], y con el fin de transparentar las decisiones judiciales «todos los asuntos se videograbarán y, con las restricciones que marca la ley, estarán a disposición de cualquier persona que lo solicite».