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Ciudad de México, febrero 6, 2018.

  • Violando un amparo federal que prohíbe difundir información de la carpeta de investigación, presentó imágenes en conferencia de prensa
  • La familia de #MarcoAntonioSánchez rechazó desde el sábado 3 de febrero que la persona del video presentado sea su hijo desaparecido por policías
  • Llamamos urgentemente a la Comisión de Derechos Humanos CDMX a preservar su autonomía e impedir que, en su nombre, las autoridades capitalinas justifiquen obstáculos a la familia y al equipo de defensa

Nayeli Roldán

Durante los cinco días en que Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, estuvo desaparecido, funcionarios públicos de la Ciudad de México y el Estado de México incurrieron en “omisiones graves” que entorpecieron la inmediata localización del joven y que deben ser considerados para la investigación para deslindar responsabilidades, sostiene el equipo legal que asiste el caso.

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Ciudad de México, a 29 de enero de 2018.

Celebramos la localización y presentación con vida de Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, estudiante de la Preparatoria 8 (UNAM), detenido arbitrariamente, golpeado y probable víctima de desaparición forzada, el 23 de enero pasado, por dos agentes policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México adscritos a Azcapotzalco.

Ciudad de México, a 26 de enero de 2018.

Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, se halla desaparecido desde el 23 de enero pasado [2018], según denunció públicamente su familia al medio digital Animal Político. De acuerdo con esta versión, corroborada por nuestro Instituto con su padre, el señor Marco Antonio Sánchez Chávez, la desaparición ocurrió después de que dos agentes de policía de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Ciudad de México, detuvieran arbitrariamente al adolescente en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús, lo golpearan y se lo llevaran a bordo de una patrulla.

César Martínez

Cd. de México (22 enero 2018).- El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no ha aprobado ningún instrumento internacional sobre derechos humanos o reconocido sus facultades, lo que no ocurría desde el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964).

Ginebra, 16 de enero de 2018.- La entrada en vigor hoy en México de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta en esta materia, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las miles de víctimas, dijo un grupo de expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas.

Coletta A. Youngers

En diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó formalmente su trascendental Informe sobre Medidas Dirigidas a Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en América, el cual resalta el papel que cumplen las políticas punitivas sobre drogas para alimentar el hacinamiento en las prisiones, con consecuencias particularmente devastadoras para las mujeres. El informe de la CIDH exhorta a que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública y no como un tema penal, y recomienda descriminalizar la posesión de drogas para consumo personal. Asimismo, el estudio plantea serias inquietudes respecto a programas de tratamiento del consumo de drogas bajo supervisión judicial, comúnmente conocidos como tribunales de drogas. El informe brinda una plétora de recomendaciones para alinear las políticas sobre drogas con las normas regionales e internacionales de derechos humanos.

La experiencia del sistema judicial anglosajón ha sido muy enriquecedora en los procesos de reforma procesal penal en América Latina. En la actualidad, la justicia civil se ha incorporado a este complejo proceso de cambios en el marco del cual ha ido observando con atención los avances de los modelos norteamericanos, que funcionan sobre la base de la oralidad y la litigación desde hace muchos años.

La experiencia del sistema judicial anglosajón ha sido muy enriquecedora en los procesos de reforma procesal penal en América Latina. En la actualidad, la justicia civil se ha incorporado a este complejo proceso de cambios en el marco del cual ha ido observando con atención los avances de los modelos norteamericanos, que funcionan sobre la base de la oralidad y la litigación desde hace muchos años.

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