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En México, la mayoría de las personas a las que la/el juez impone una medida cautelar en libertad, las cumple. ¿Te sorprende? 

Si no sabemos quiénes están en la cárcel y sus necesidades, ¿cómo vamos a poder diseñar políticas públicas para prevenir el delito y mejorar la seguridad del país? ¿Cómo vamos a diseñar programas que favorezcan la reinserción social y prevengan la reincidencia? Es necesario que el Estado cuente con esta información, precisamente, porque está relacionada con la política de prevención y seguridad del país.

Juan E. Méndez

México vive una grave crisis de seguridad por la incidencia del crimen organizado y sus actos de violencia. México también vive una crisis de derechos humanos por las políticas erradas que desde hace años se implementan para combatir a las organizaciones delincuenciales. El advenimiento de un nuevo gobierno alienta la esperanza de que se implementen medidas que, a la vez que respeten y aseguren los derechos humanos de todas las personas, sean también más ecaces contra el crimen organizado. Sin embargo, al menos en este tema el nuevo gobierno viene dando pasos en falso. Ahora, el Congreso, con auspicio del Ejecutivo, se encuentra en un debate que se apresta a modicar la Constitución para ampliar los delitos para los cuales se aplicará la prisión preventiva automática (“ociosa”) de los indiciados.

La Prisión Automática genera ineficiencia y simula justicia por ello solicitamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo abrir espacios de diálogo para buscar soluciones reales.

Alejandro Hope

1. El huachicoleo es, ante todo, un problema de seguridad humana. Es imperativo combatirlo no tanto por la merma que significa a las finanzas del Estado, sino por la amenaza que significa para las comunidades donde se asienta. Ese es, tal vez, el mensaje central de la tragedia de Tlahuelilpan: esto no se trata de ahorrar pesos, sino de salvar vidas.

  • Actores políticos han recogido algunas propuestas de la sociedad. No es suficiente.
  • En otros países comparecencias de 45 minutos a una hora: aquí 15 minutos.
  • Los procedimientos acelerados no llevan a ninguna buena auscultación.

Comunicado de prensa 

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las diversas iniciativas de reformas constitucionales y legislativas que buscan ampliar el catálogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva automática u oficiosa en México. Dichas iniciativas resultan contrarias a los principios que rigen la utilización del uso de la prisión preventiva, y convierten a esta medida en una pena anticipada.

Lunes, 07 Enero 2019 00:00

Audiencias, sí. Simulación, no

C6vILQLU0AA4PSc

Lunes 7 de enero de 2019

Hace poco más de un año fue la Ley de Seguridad Interior y hoy es la Guardia Nacional. El plan es la militarización de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Jueves, 03 Enero 2019 00:00

Urgen a presentar cifra de homicidios*

Antonio Baranda

Especialistas en seguridad señalaron que la violencia no baja por decreto ni por cambios de Administración, por lo que urgieron al Ejecutivo federal a presentar las cifras de los homicidios.

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2018

 

Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño,

Relatora para México

Comisionado Joel Hernández García,

Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1889 F. St. N.W. Washington D.C.

Esperando se encuentren bien, les comunicamos nuestra preocupación por diversas iniciativas de reforma constitucional en México, presentadas por legisladores y legisladoras de distintos partidos políticos, para ampliar los supuestos de «prisión preventiva oficiosa», del artículo 19 constitucional. Lo anterior en contravención de los derechos reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de múltiples recomendaciones y llamamientos de organismos internacionales de derechos humanos.

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