Fue presentado en la Ciudad de México el Informe Pena sin Delito: Percepciones acerca de la finalidad de la prisión preventiva en México, de Carlos Ríos Espinosa, “una aproximación novedosa y poco explorada del tema de las medidas cautelares y, en especial, de la prisión preventiva en México en el contexto de la entrada en vigencia del nuevo modelo procesal penal acusatorio” [septiembre 12, 2016, Casa Lamm].

El próximo lunes 12 de septiembre en Ciudad de México, presentaremos conjuntamente con la Fundaciónpara el Debido Proceso (DPLF), el informe titulado “Pena sin delito: Percepciones acerca de la finalidad de la prisión preventiva en México”. El informe fue elaborado por Carlos Ríos Espinosa, investigador en temas de justicia penal y derechos humanos, con el apoyo del IJPP.

El sistema de justicia penal es el mecanismo con el que cuenta el Estado para ejercer su poder de sanción sobre las personas que cometen delitos. Este poder no es absoluto, debe basarse en el respeto a los Derechos Humanos y otras reglas, para que las autoridades no cometan arbitrariedades contra las personas acusadas ni las víctimas. Por muchos años hemos vivido con un sistema que institucionalizó la violación cotidiana de Derechos Humanos. La Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que publica el INEGI cada año, aporta siempre resultados similares. Sólo el 10 por ciento de las personas que son víctimas de un delito lo denuncia. ¿Las razones? Principalmente, falta de confianza en la autoridad; la idea de que “no va a pasar nada” o “es una pérdida de tiempo”; o bien, el temor a ser extorsionados por la propia autoridad. Por parte de las personas acusadas, existe evidencia de que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas cotidianas para obtener información que permita declararlas culpables, o sencillamente infligir sufrimientos y humillaciones. Sabemos que las personas no son juzgadas de manera justa y que, además, en los casos en los cuales son enviadas a prisión –justificadamente o no– sufren condiciones de hacinamiento inaceptables en un marco de respeto por la dignidad humana. Este panorama está cambiando. Hace aproximadamente diez años diversos sectores de la sociedad civil empezaron a impulsar la reforma al sistema de justicia penal con base en investigaciones que daban cuenta de lo descrito en los párrafos anteriores. Entre quienes han impulsado esta reforma existe la convicción de que esta no será exitosa si las y los ciudadanos no la conocen ni entienden los beneficios que conlleva. Si no saben de lo que se trata, piensan, difícilmente será posible elevar los niveles de confianza y cambiar la percepción social negativa sobre el sistema penal. Si esto es correcto, entonces es importante que nos acerquemos a ell@s para conocer sus inquietudes, preguntas clave sobre cómo funciona la justicia penal y los derechos que debemos exigir cuando nos enfrentamos a ella.

Es relativamente fácil adquirir ceguera por comodidad. Hace falta solo voltear la cara, cerrar los ojos, cruzar la calle o no leer una nota en el periódico. Es razonable. En este país sobran escenas con el potencial de causarnos un hoyo en la boca del estómago. Quizá por eso decidimos dejar de ser testigos y no ver lo que nos resulta incómodo. El peligro de esta condición es que disminuye el sentido de la indignación. Y en esa destreza, creo, los mexicanos somos campeones olímpicos.

A nivel global hay gran reconocimiento sobre la necesidad de acciones para reducir la «prisión preventiva». El Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Fuertes de la nueva agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2015-2030 menciona como uno de sus indicadores el porcentaje de personas bajo esta medida cautelar respecto de la población penitenciaria total en cada país.

La comunicación institucional del sistema de justicia penal y las empresas noticiosas corporativas, articuladas, insisten en la criminalización y exposición mediática ilegal y antiética de las personas, incluyendo a las víctimas del delito y la violencia. En este caso, se produce un daño flagrante a su dignidad.

Alejandra Hernández

La impartición y procuración de justicia en México enfrentan un reto sin precedentes: poner en operación una reforma constitucional en materia penal a partir de un modelo acusatorio y oral. Sin embargo, la implementación no contó, de inicio, con una ruta crítica que asegurara la construcción uniforme de capacidades institucionales y profesionales a nivel nacional. Incluso ahora no contamos con una metodología que permita evaluar en qué medida los recursos invertidos han favorecido la calidad en la impartición de justicia.

Arturo Angel 

En México existen 372 centros penitenciarios estatales y municipales, de los cuales casi la mitad, 178, tienen sobrecupo y de éstos hay diez cuya capacidad está rebasada entre un 300 y 600%. En ellos sobreviven de cuatro a seis internos en espacios destinados para un solo preso.

Manu Ureste 

A Martín, sacar en una mochila un paquete de desodorantes con un precio de 105 pesos sin pasar por la caja del supermercado, le costó una condena de seis meses de cárcel y una multa de 4 mil pesos. Mientras que a Édgar, el robo de un shampoo y un acondicionador de 133 pesos, le supuso el bochorno de ser detenido por la policía, una condena de tres años y una multa de 13 mil 500 pesos.

José Ramón Cossío Díaz 

Uno de los elementos menos comprendidos del nuevo sistema procesal penal acusatorio, que ya se encuentra en vigor en todo el país, es el llamado “procedimiento abreviado”. Se trata de una de las formas de terminación anticipada del proceso previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, mientras en un juicio oral común es preciso que el fiscal acredite en audiencia, de manera fehaciente, la comisión de un hecho delictivo y la culpabilidad de quien es señalado como responsable; en el procedimiento abreviado es posible imponer las sanciones y garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido a partir del reconocimiento voluntario del imputado de su participación en el delito atribuido por el propio fiscal.