Recientemente la Auditoría Superior de la Federación [ASF] emitió el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, que audita al Programa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Este programa asigna recursos a las entidades federativas como apoyo a su proceso local de implantación del sistema penal acusatorio.

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Martes, 28 Enero 2014 00:00

'Barristers'

Para los abogados mexicanos el nuevo sistema de justicia penal, con su énfasis en la oralidad del proceso, implica la adquisición de nuevas destrezas. No pueden ya conformarse con la lectura de documentos, pues la audiencia oral debe ser dinámica, clara y eficaz. Por ende, es valioso que conozcan prácticas de otros países con sistemas penales adversariales, para luego adaptarlas a la realidad local.

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En derecho procesal penal es obligación del juez velar porque los plazos y términos se cumplan a cabalidad, a diferencia del procesal civil, donde corresponde a las partes asegurarse de que el proceso no caduque. Desafortunadamente, para las personas imputadas de delito las causas judicializadas no caducan por más que haya inacción de las partes o el juez.

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La reforma del sistema de justicia penal en México impone grandes retos en su proceso de implementación, incluidos la sensibilización social para minimizar la resistencia al cambio, la selección y capacitación del personal que lo operará, la redacción de un nuevo código penal, y la puesta en marcha del naciente modelo acusatorio de justicia, así como su seguimiento.

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Es curioso imaginar que cierto día una tienda departamental haga a un lado su política sobre deudores y exija el pago de cobros pendientes a todas las personas que acuden a su establecimiento. Así, quienes no deben nada o están al corriente en sus pagos pagarán las deudas atrasadas de otros, a plazos y en condiciones no pactadas. Y, al final, estará imponiéndoseles de manera ilegal y arbitraria un pago injusto y anticipado.

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Comenzaré por el final: Quien crea que un Código Único de Procedimientos Penales, únicamente, es la solución a las dificultades del proceso de reforma de los sistemas de justicia penal en México debería moderar sus expectativas. Quien apueste al orden y la receta de la seguridad jurídica para gobernar un proceso extremadamente dinámico de cambios debería moderar sus impulsos lúdicos.

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Establecer las condiciones de un debido proceso para afrontar las arbitrariedades, ineficiencias, ineficacias y corrupción que caracterizaron al procedimiento penal anterior son algunos de los principales propósitos del nuevo sistema de justicia penal en México.

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