La reforma del sistema de justicia penal en México impone grandes retos en su proceso de implementación, incluidos la sensibilización social para minimizar la resistencia al cambio, la selección y capacitación del personal que lo operará, la redacción de un nuevo código penal, y la puesta en marcha del naciente modelo acusatorio de justicia, así como su seguimiento.

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Es curioso imaginar que cierto día una tienda departamental haga a un lado su política sobre deudores y exija el pago de cobros pendientes a todas las personas que acuden a su establecimiento. Así, quienes no deben nada o están al corriente en sus pagos pagarán las deudas atrasadas de otros, a plazos y en condiciones no pactadas. Y, al final, estará imponiéndoseles de manera ilegal y arbitraria un pago injusto y anticipado.

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Comenzaré por el final: Quien crea que un Código Único de Procedimientos Penales, únicamente, es la solución a las dificultades del proceso de reforma de los sistemas de justicia penal en México debería moderar sus expectativas. Quien apueste al orden y la receta de la seguridad jurídica para gobernar un proceso extremadamente dinámico de cambios debería moderar sus impulsos lúdicos.

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Establecer las condiciones de un debido proceso para afrontar las arbitrariedades, ineficiencias, ineficacias y corrupción que caracterizaron al procedimiento penal anterior son algunos de los principales propósitos del nuevo sistema de justicia penal en México.

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