A ocho años de haberse aprobado la reforma de justicia penal en México, y después de su entrada en vigor en todo el país, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio enfrenta importantes desafíos.

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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2016.- Los nombramientos recientes de los nuevos Procurador General de la República y Secretaria de la Función Pública son señales preocupantes para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una Fiscalía autónoma. En más de una ocasión, las personas y organizaciones firmantes hemos enfatizado la importancia de contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de las personas que encabezarán las instituciones más relevantes del Estado. Sólo así se logrará construir la confianza y legitimidad necesarias para este nuevo sistema y también asegurar el nombramiento de perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo.

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Martes, 20 Septiembre 2016 00:00

Juzgar con perspectiva de género

Afortunadamente para México, la perspectiva de género llegó para quedarse. Ha ido penetrando socialmente a distintos niveles, en algunos casos a pasos agigantados, en otros no tan velozmente como quisiéramos. Hay diferencias entre los géneros que no deben seguir siendo ignoradas y han comenzado a ser atendidas en diversas esferas, pero ¿qué sucede con el sistema de justicia penal? ¿Qué puede hacerse para incorporar en él la dimensión de género?

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El sistema de justicia penal es el mecanismo con el que cuenta el Estado para ejercer su poder de sanción sobre las personas que cometen delitos. Este poder no es absoluto, debe basarse en el respeto a los Derechos Humanos y otras reglas, para que las autoridades no cometan arbitrariedades contra las personas acusadas ni las víctimas. Por muchos años hemos vivido con un sistema que institucionalizó la violación cotidiana de Derechos Humanos. La Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que publica el INEGI cada año, aporta siempre resultados similares. Sólo el 10 por ciento de las personas que son víctimas de un delito lo denuncia. ¿Las razones? Principalmente, falta de confianza en la autoridad; la idea de que “no va a pasar nada” o “es una pérdida de tiempo”; o bien, el temor a ser extorsionados por la propia autoridad. Por parte de las personas acusadas, existe evidencia de que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas cotidianas para obtener información que permita declararlas culpables, o sencillamente infligir sufrimientos y humillaciones. Sabemos que las personas no son juzgadas de manera justa y que, además, en los casos en los cuales son enviadas a prisión –justificadamente o no– sufren condiciones de hacinamiento inaceptables en un marco de respeto por la dignidad humana. Este panorama está cambiando. Hace aproximadamente diez años diversos sectores de la sociedad civil empezaron a impulsar la reforma al sistema de justicia penal con base en investigaciones que daban cuenta de lo descrito en los párrafos anteriores. Entre quienes han impulsado esta reforma existe la convicción de que esta no será exitosa si las y los ciudadanos no la conocen ni entienden los beneficios que conlleva. Si no saben de lo que se trata, piensan, difícilmente será posible elevar los niveles de confianza y cambiar la percepción social negativa sobre el sistema penal. Si esto es correcto, entonces es importante que nos acerquemos a ell@s para conocer sus inquietudes, preguntas clave sobre cómo funciona la justicia penal y los derechos que debemos exigir cuando nos enfrentamos a ella.

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Heliodoro Morales Mendoza was at work in the municipal offices of the small Mexican town where he lives, when four armed police officers burst in and arrested him in front of his colleagues.

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La comunicación institucional del sistema de justicia penal y las empresas noticiosas corporativas, articuladas, insisten en la criminalización y exposición mediática ilegal y antiética de las personas, incluyendo a las víctimas del delito y la violencia. En este caso, se produce un daño flagrante a su dignidad.

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Jueves, 28 Julio 2016 00:00

Promueven justicia con cómics y cine*

Benito Jiménez 

La sociedad civil, el Projusticia del Departamento de Estado y de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) firmaron un convenio de financiamiento de proyectos que pretenden acercar el nuevo sistema de justicia penal con cómics, cine y programas de radio comunitarios.

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Manu Ureste 

A Martín, sacar en una mochila un paquete de desodorantes con un precio de 105 pesos sin pasar por la caja del supermercado, le costó una condena de seis meses de cárcel y una multa de 4 mil pesos. Mientras que a Édgar, el robo de un shampoo y un acondicionador de 133 pesos, le supuso el bochorno de ser detenido por la policía, una condena de tres años y una multa de 13 mil 500 pesos.

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Iván García Gárate

Recientemente el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, estableció en la resolución del Amparo en Revisión 112/2016, un criterio muy importante y trascendental en la transparencia judicial y que debería ser retomada por todos los órganos jurisdiccionales del país: la “ciudadanización” del lenguaje de las sentencias.

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Maïssa Hubert Chakour

En febrero de este año, un motín en el penal de Topo Chico en el estado de Nuevo León dejó un saldo de 49 muertos y 12 heridos. El motín fue una tragedia terrible, pero se sabía, con antelación, que el penal concentraba los problemas más graves del sistema penitenciario mexicano: sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno y corrupción, entre otros elementos señalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Previo a los hechos, en diciembre de 2015, consciente de los problemas del sistema penitenciario de Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez el “Bronco” anunció que pretendía reunirse con empresas estadounidenses para conocer modelos de centros privatizados y explorar la posibilidad de aplicarlos en esta entidad. El propósito era usar la inversión privada para aumentar la capacidad de alojamiento del sistema estatal y así luchar contra la sobrepoblación en las cárceles de la entidad. Aunque la participación de la iniciativa privada empezó hace seis años en el sistema federal, los resultados de los cambios no han sido tan radicales como se esperaban. En un momento de crisis como el actual, en que se buscan alternativas para el mejoramiento de todo el sistema penitenciario, es primordial analizar críticamente los primeros hallazgos que aportaron estos cambios.

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