Miércoles, 12 Julio 2017 00:00

Prisión preventiva y Estado de derecho*

La fuerte inseguridad lleva a apoyar la solución del encierro del mayor número de sospechosos

José Ramón Cossío Díaz

En su sesión del miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mexicana dictó por mayoría de votos una sentencia que ha provocado contradictorias reacciones. Una parte de ellas son socialmente entendibles, en tanto implican la posible liberación de personas privadas de su libertad hasta que se les dicte sentencia. En las condiciones de inseguridad en que vive el país, hay quienes estiman como única solución encerrar al mayor número de presuntos delincuentes. Para comprender las cosas, es necesario explicitar los supuestos y los efectos de la decisión. Cada cual juzgará informadamente.

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José Ramón Cossío Díaz

En junio de 2008 se reformó la Constitución para establecer el entonces llamado nuevo sistema de justicia penal. Se pretendió que los juicios fueran orales y acusatorios. Era previsible que lo hasta entonces vivido, habría de transformarse. Los ministerios públicos deberían estar en igualdad con los abogados de la defensa. Las investigaciones preliminares serían vigiladas por un juez distinto al que sentenciaría el caso. Todos los elementos de la decisión final tendrían que desahogarse en una sola audiencia, verbal y pública. Para ajustar los cambios, se abrió un espacio de ocho años. En ese lapso se reformó la Constitución para darle mayor protección a los derechos humanos. Lo que habría de acontecer en el país en materia de procesos penales, se haría de manera distinta para satisfacer amplios y novedosos estándares internacionales y nacionales.

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La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 60/2016 presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que  impugna la constitucionalidad de la prisión o internamiento preventivo para adolescentes de 14 a menos de 18 años, y la medida cautelar de resguardo domiciliario, previstas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ahora me referiré solo a la primera figura, con base en la transcripción pública de la sesión del Pleno.

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Comunicado de Documenta, AC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pasar la oportunidad para pronunciarse a favor de la reinserción social al mantener la validez de varios  artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) cruciales para el acceso a una libertad plena después de cumplir con una sentencia. Esto a partir de la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016 promovida el 18 de junio de 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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Viernes, 13 Enero 2017 00:00

Llevan a la CIDH asesinato por militares*

César Martínez

Cd. de México (12 enero 2017).- El homicidio de Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar de Guerrero en 2009 fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que su familia no encontrara justicia en México.

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Martes, 06 Septiembre 2016 00:00

El costo de la reinserción social

La reforma constitucional en materia penal de junio de 2008 transformó toda la estructura normativa del derecho penal en México. La oralidad de los procesos ha sido el cambio que marcó al nuevo sistema entre la opinión pública, aunque otras modificaciones igual de profundas no han logrado posicionarse con fuerza en el debate público: Una de ellas incumbe al paso del sistema penitenciario fundado en un modelo de readaptación, a uno que debe diseñarse con base en el principio de reinserción social.

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  • Primera Sala publica tesis aislada que pretende limitar supuestos en los que se debe investigar denuncias de la defensa del uso de tortura en el proceso penal
  • SCJN invita a Corte Interamericana a sesionar en nuestro país, pero incumple jurisprudencia de ésta en materia de tortura

23 de agosto de 2016.- Externamos nuestro rechazo ante la tesis aislada CCV/2016 publicada el 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o “autoincriminación” de la persona acusada.

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En su sesión de este miércoles 17 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la queja de un grupo de personas con discapacidad intelectual, quienes consideran inconstitucional que para obtener un amparo, un juez les deba asignar un representante especial, incluso en casos en que los que ellos mismos ya hayan elegido uno, con el argumento de que son discapacitados.

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Mañana, 17 de agosto de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá un proyecto de resolución (queja 57/2016) muy relevante sobre los derechos de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La decisión, en esencia, trata de la calidad de sociedad y sistema de justicia que somos y queremos ser, al abordar el lugar que tienen dichas personas en ellos. Al final, la altura de una sociedad se mide en relación al grado en que persigue y asegura la dignidad, equidad y justicia de sus miembros menos privilegiados.

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Agradecemos el apoyo de todas las personas y organizaciones que exigieron a la ‪Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en favor del acceso a la justicia de ‪personas con discapacidad‬.
Hoy (agosto 17, 2016), el ministro Eduardo Medina Mora decidió no presentar la propuesta de resolución que ya tenía y hacer una nueva. Con ello se pospuso la discusión prevista para hoy.
Es un momento clave para reiterar nuestra exigencia y lograr que los ministros de la Corte escuchen a las personas con discapacidad y respeten sus derechos como sujetos plenos de capacidad jurídica.

  • Ley de Amparo impone representantes especiales a personas con discapacidad
  • ¿Tú necesitas un examen médico para tener derechos? ¡Corte pretende que ellas sí!
  • Ministros deben ceñirse a normas de ONU al resolver sobre queja por Ley de Amparo

El miércoles próximo [agosto 17, 2016] la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará una decisión histórica relacionada con la queja número 57/2016, que será determinante para avanzar o retroceder en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en México.

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