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La grave crisis penitenciaria exige una verdadera política pública

Ciudad de México, septiembre 07, 2017

Para responder a la crisis persistente de su sistema penitenciario, el Estado mexicano se ha limitado a imponer un modelo basado en la acreditación de la American Correctional Association (ACA) y la privatización de los centros de reclusión.

Publicado en Noticias 2017

Geoff Ramsey

En lo que constituye un importante cambio promovido por la administración del presidente Obama, el gobierno federal de los Estados Unidos está en proceso de dejar de utilizar prisiones privadas, al haber concluido que éstas son menos seguras y no resultan efectivas en función de costos. ¿Qué significa esta medida para América Latina, donde en años recientes los gobiernos se han mostrado cada vez más interesados en la privatización de las cárceles?

Publicado en Noticias 2016

ijpp comunicado prensa

Ciudad de México, 23 de agosto de 2016

Mientras la participación de la inversión privada en el sistema penitenciario es objeto de crecientes críticas a nivel internacional, ésta ha sido promovida por el Estado mexicano como respuesta a la grave crisis que padecen nuestras cárceles, revela el informe Privatización del sistema penitenciario en México publicado hoy por las organizaciones Documenta A.C., Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto de Justicia Procesal Penal, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, y México Evalúa. 

Publicado en Noticias 2016

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Situación de los derechos humanos en México (2015), confirmó la preocupante situación de las personas privadas de libertad. Particularmente, en el apartado «Privatización y certificación de las prisiones» destacan la posición de altas autoridades penitenciarias en cuanto a que «el contrato de prestación de servicios (CPS) es el futuro del sistema penitenciario en México»; «la falta de disponibilidad de información sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas», y el que «los regímenes de los centros privatizados y la búsqueda por certificación internacional, serían planteados y ejecutados a partir de estructura de máxima seguridad estadounidense» (pp. 157-158).

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La privatización y «certificación» de los centros de privación de libertad en México deben cesar, no solo porque privilegian intereses corporativos y violan derechos de las personas internas, sino por carecer de cualquier «mecanismo de evaluación, de supervisión y de control externo».

Publicado en Noticias 2016

A lo largo del sexenio pasado el discurso político se centró en el tema de la seguridad. El sistema penitenciario no escapó a esa tendencia y el gobierno señaló la intención de construir más prisiones con inversión pública y privada. Recientemente, la Comisión Nacional de Seguridad anunció la construcción de 10 centros penitenciarios federales que aumentarán la capacidad a 75 mil espacios ―actualmente hay casi 50 mil personas privadas de libertad en el fuero federal.

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