Néstor de Buen Alatorre

Hay ciertas ideas que, a pesar de enfrentarse contra los argumentos más sólidos, parecen nunca irse. Algunas de ellas son prácticamente irrelevantes, como la creencia de que pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. Sin embargo, hay otras que tienen consecuencias negativas, observables y medibles. Una de ellas es la visión maniquea que se tiene sobre la delincuencia en México. Claramente es imposible relativizar la gravedad de un secuestro o un homicidio. El problema es que esta visión no se limita a condenar la moralidad de cometer delitos, sino que pretende además adjudicarse la verdad última sobre cada una de las personas involucradas en los hechos delictivos y los procesos penales.

La falta de un diagnóstico integral sobre el desempeño de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia en México representa un vacío de información crítico: ¿Cómo medir el impacto del Nuevo Sistema de Justicia Penal si desconocemos la calidad con la que actúan el ministerio público, las policías, los peritos y los asesores jurídicos?

Cristina Hernández

Cd. de México (05 diciembre 2016).- El Ministerio Público ha llevado a proceso penal hasta a reos que enfrentan condenas más altas de aquellas que podrían alcanzar por el delito que cometieron dentro de prisión.

Gustavo Fondevila

Hace un par de semanas, una joven de 25 años transexual llamada Paola fue asesinada de un tiro en la Colonia Buenavista. El miércoles pasado fue enterrada en el Panteón de San Lorenzo Tezonco. En el funeral, la acompañaron solamente sus amigas, otras trabajadoras sexuales de Sullivan, Reforma, Insurgentes, Tlalpan y Puente de Alvarado. La Procuraduría capitalina detuvo al probable homicida y lo presentó ante el juez de control para que dictara su procesamiento. Pero en la audiencia, el juez lo liberó por falta de pruebas. Ante el revés, las compañeras de trabajo de Paola crearon una petición en la plataforma change.org para que se pueda resolver el caso.

Gustavo Fondevila

Desde el 16 de junio pasado, un tsunami ha barrido con los adolescentes en conflicto con la ley. Si usted ahora se acerca a la Agencia 57 del Ministerio Público (especializada) o a las comunidades de diagnóstico (procesados) y tratamiento (sentenciados) seguramente va a encontrar muy poca gente cuando hace un par de meses, estaban habitualmente abarrotados de jóvenes y familiares.

Isabella González y Claudia Guerrero

El Senado aprobó ayer modificaciones en el Código de Procedimientos Penales para evitar la posibilidad de casos de tortura cometidos por autoridades ministeriales.

Ana Laura Magaloni y Beatriz Magaloni

Llorar a los inocentes es fácil. Lo que nos define como individuos y como sociedad es nuestra capacidad de exigir dignidad y legalidad en el tratamiento de los culpables. El compromiso con el proceso civilizatorio es largo y exige lo mejor de nosotros: respetar la vida de todos. Todo lo que no sea eso es demagogia. 
—Eliane Brum

En el centro del sistema de procuración e impartición de justicia mexicano se encuentran el abuso y la arbitrariedad. La inmensa mayoría de los internos que hoy se encuentran recluidos en algún penal padecieron distintas dosis de abuso por parte de policías, ministerios públicos, jueces, secretarios de juzgado, defensores y custodios. Desde la detención hasta la sentencia es frecuente que alguno o varios funcionarios del sistema mientan al imputado, le imposibiliten el acceso a un abogado, le modifiquen o manipulen sus declaraciones, le fabriquen evidencia, le insulten, le humillen, le amenacen y un largo etcétera. Así funcionan nuestras instituciones. Y llevan funcionando de esta manera por mucho tiempo. Un trato digno y legal a los que han cometido un delito no es todavía una aspiración social colectiva, ni mucho menos forma parte de la brújula axiológica para reformar las instituciones de seguridad y de justicia en México.

La historia de la reforma procesal penal latinoamericana es un campo de enorme complejidad. Sin embargo, podríamos asegurar que a partir de la sanción del código guatemalteco de 1992 (decreto 51-92) y su entrada en vigencia en 1994, se desencadenó un proceso de cambios profundos en los sistemas de justicia a nivel regional hacia la implementación de nuevos modelos de carácter acusatorio.

Escribí hace unos años, en ocasión de un evento por el décimo aniversario de la reforma chilena:

«Nuestros Ministerios Públicos, por representar el interés general de la sociedad en la región más desigual e injusta del planeta, necesitan, tanto como cualquier otra agencia estatal, y más aún que sus pares del mundo desarrollado, un diseño institucional que les facilite ser eficaces y al mismo tiempo, democráticos.»