La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tiene entre otros objetivos: Establecer las edades mínimas para que una persona sea susceptible del sistema (12 años) y pueda serle impuesta como medida cautelar el internamiento preventivo (14 años); precisar los derechos humanos de lxs adolescentes en conflicto con la ley y las víctimas; priorizar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias; perseguir su reintegración familiar y social durante y después de cumplir una medida de sanción (principalmente socioeducativa); y establecer la especialización obligatoria de lxs operadorxs (jueces, ministerios públicos, defensores y demás), con base en la Constitución.