El 18 de junio de 2016 culminó la primera etapa de grandes cambios en nuestro sistema jurídico nacional, principalmente en materia penal. Los 32 estados y la Federación se han venido preparando, en la medida de sus posibilidades, para contar con infraestructura, equipamiento, capacitación y recursos humanos suficientes que les permitan afrontar el cambio de paradigma luego de más de 100 años: el sistema de justicia penal acusatorio.