Alejandro Peláez

Hace dos años la Alcaldía Mayor de Bogotá comenzó el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que, a grandes rasgos, busca que los jóvenes que cometen un delito por primera vez, en vez de recibir una sanción legal, que puede incluir privación de la libertad, se vinculen a un proceso de justicia restaurativa. El programa tiene tres objetivos fundamentales: que acepten la responsabilidad de sus actos, que repararen a la víctima de forma directa, con gestos simbólicos o mediante algún tipo de trabajo a favor de la comunidad, y que, terminado el proceso, sean capaces de reinsertarse a la comunidad como miembros activos y responsables de sus actos.

Las miles de personas víctimas de la violencia que ha azotado al país en los últimos 12 años, en especial las familias de las desaparecidas, así como la sociedad en su conjunto, tenemos derecho a conocer la verdad; merecemos una narrativa oficial sostenible acerca de las “razones y circunstancias en las que aberrantes delitos y sistemáticas violaciones a derechos humanos llegaron a cometerse, esto con la finalidad de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”. [1]

Nuevo Periodismo Judicial IJPP: De cara a las más sórdidas violaciones de derechos, aquí sabrás por qué urge una #FiscalíaQueSirva. Del Caso de Rosendo Radilla al de Los 43 de Ayotzinapa, diez historias contadas por activistas

Los días 26 y 27 de abril pasados, en San José [Costa Rica], la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró la audiencia pública del Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, relacionado con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros del Ejército mexicano en el Ejido Benito Juárez de Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, y cuyo paradero aún se desconoce.

Iris Velázquez

Cd. de México (13 marzo 2018).- Con un índice de impunidad de 69.85 por ciento, 2.43 más alto que en 2016, México ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto en el mundo.

• La CIDH solicitó al Estado mexicano los informes sobre el caso y el estado de salud de Marco Antonio.
• A 25 días de la hospitalización de Marco Antonio Sánchez su familia y el equipo de defensa continúan enfrentando obstáculos para el acceso al expediente médico.
• Saludamos que este caso paradigmático sea el primero en ser investigado por la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

22 febrero 2018

Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.

El Artículo 17 de la Constitución enuncia que «Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho», de lo cual se desprende la maquinaria gubernamental encargada de esta obligación y función sustantiva del Estado: La procuración e impartición de justicia.

El 18 de junio de 2016 culminó la primera etapa de grandes cambios en nuestro sistema jurídico nacional, principalmente en materia penal. Los 32 estados y la Federación se han venido preparando, en la medida de sus posibilidades, para contar con infraestructura, equipamiento, capacitación y recursos humanos suficientes que les permitan afrontar el cambio de paradigma luego de más de 100 años: el sistema de justicia penal acusatorio.

La justicia restaurativa y los programas de tratamiento en libertad para personas imputadas de delito con discapacidad psicosocial o intelectual son dos temas ampliamente discutidos en los círculos de políticas públicas, en años recientes.