GINEBRA/CIUDAD DE MEXICO (5 de diciembre de 2017) – La legislación propuesta en México que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante, declaró el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado.

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Washington, DC—En días recientes se ha apresurado en la Cámara de Diputados de México la discusión de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales. En espacios públicos y medios de comunicación, legisladoras y legisladores de diversos partidos políticos han insistido en la aprobación de dicha ley. A pesar del rechazo de organizaciones de la sociedad civil, y contra la opinión de personas expertas en seguridad y derechos humanos, la Cámara está considerando su discusión para el jueves 30 de noviembre. 

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Ciudad de México, lunes 27 de noviembre de 2017

Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de “seguridad interior”, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.

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En La élite del poder Wright Mills criticaba la injerencia de la élite militar en el ámbito civil y cómo esta abdicaba de sus responsabilidades debido a sus deficiencias: «Al entrar la política en el ejército, el ejército entra en la política. El militar se ha hecho y se está haciendo político por deficiencia de los civiles …».

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  • La suspensión de garantías sin verdaderos controles y contrapesos incentiva el uso arbitrario del poder y vulnera a la población civil.
  • La Cámara de diputados debe actuar como garante de nuestra Constitución, como un contrapeso al ejecutivo y al partido en el poder.
  • Pedimos una discusión pública sobre el actual proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional.
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