Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudió la figura del/la juez de ejecución en el caso «Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala», analizando su responsabilidad de garantizar y respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

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En su sesión de este miércoles 17 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la queja de un grupo de personas con discapacidad intelectual, quienes consideran inconstitucional que para obtener un amparo, un juez les deba asignar un representante especial, incluso en casos en que los que ellos mismos ya hayan elegido uno, con el argumento de que son discapacitados.

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Mañana, 17 de agosto de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá un proyecto de resolución (queja 57/2016) muy relevante sobre los derechos de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La decisión, en esencia, trata de la calidad de sociedad y sistema de justicia que somos y queremos ser, al abordar el lugar que tienen dichas personas en ellos. Al final, la altura de una sociedad se mide en relación al grado en que persigue y asegura la dignidad, equidad y justicia de sus miembros menos privilegiados.

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La justicia restaurativa y los programas de tratamiento en libertad para personas imputadas de delito con discapacidad psicosocial o intelectual son dos temas ampliamente discutidos en los círculos de políticas públicas, en años recientes.

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