En México, ante la falta de mecanismos efectivos para que las víctimas de violaciones a derechos humanos accedan a la reparación integral del daño, el Centro Prodh, en colaboración con algunas víctimas, ha emprendido litigios novedosos que comienzan a dar resultados.

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El debido proceso es percibido más como un tecnicismo legal que como una herramienta de la justicia que limita el «legitimo» poder del Estado para sancionar.

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Martes, 24 Marzo 2015 00:00

Víctimas: visibilizando lo invisible

En los ordenamientos constitucionales y legales de los países de América Latina los derechos de las víctimas o perjudicados por una conducta punible gozan de una concepción amplia sobre la reparación integral, fundada en sus derechos a ser tratadas con dignidad, participar en las decisiones que las afecten y obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos, lo cual exige a las autoridades orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral y la protección de sus derechos.

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Martes, 08 Julio 2014 00:00

¿Las personas presas deben votar?

Es una pregunta que se han hecho diversos tribunales y cortes constitucionales, e incluso tribunales internacionales. Concretamente, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se la planteó entre enero y febrero de 2014, a partir de la solicitud de modificación de jurisprudencia (7/2013) presentada por un tribunal colegiado en materia penal; dicho procedimiento considera la posibilidad de replantear la regla establecida en un precedente judicial a partir de nuevas circunstancias, modificaciones legales u otros precedentes.

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Martes, 01 Julio 2014 00:00

Una defensa bien armada

Tuve la oportunidad de representar al IJPP en la Conferencia Internacional sobre Acceso a Servicios de Defensa en los Sistemas de Justicia Penal, en Johannesburgo [Sudáfrica], del 24 al 26 de junio [2014].

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La captura de Joaquín Guzmán Loera, en febrero, nos dejó sorprendidos, pues fue sin violencia, algo inusual en casos de narcotráfico. Según el discurso oficial, el éxito de la operación obedeció al uso de una «herramienta fundamental» para combatir el crimen: la geolocalización del teléfono inteligente. Pero una mirada crítica nos muestra que estaríamos ante la construcción de un nuevo mito que podría tener efectos nocivos en los derechos a la privacidad y la presunción de inocencia.

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Medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, la academia y otros actores públicos se han referido ya a las violaciones contra los derechos y libertades fundamentales que supone el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones. No repetiré lo que han expresado inteligentemente en materia de libertad de expresión e Internet, prefiero argumentar por qué dicha iniciativa supone también violaciones al derecho a la privacidad inaceptables en un Estado democrático.

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Recientemente la Auditoría Superior de la Federación [ASF] emitió el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, que audita al Programa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Este programa asigna recursos a las entidades federativas como apoyo a su proceso local de implantación del sistema penal acusatorio.

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La base normativa de los derechos que acompañan a las personas indígenas en un proceso penal se encuentra fundamentalmente en los artículos 1º y 2º constitucionales, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

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Martes, 11 Febrero 2014 00:00

Adictos a la flagrancia

La detención de personas acusadas de cometer un delito en México habitualmente es resultado de la persecución fortuita, no del trabajo concienzudo de investigación policial. Por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México —a la que pertenecen el Distrito Federal y parte del Estado de México— 9 de cada 10 detenciones ocurrieron en flagrancia (Azaola y Bergman, 2009).

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