Martes, 21 Julio 2015 00:00

La justicia en juego

Hace ya más de diez años que la sociedad civil está en pie de lucha por mejorar el sistema de justicia penal en México. Las reformas constitucionales en materia de adolescentes en conflicto con la ley, justicia penal, víctimas, seguridad ciudadana y derechos humanos, así como el litigio de casos paradigmáticos relativos al debido proceso, son el resultado de muchos años de trabajo.

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Martes, 07 Julio 2015 00:00

Criterios jurisdiccionales sobre tortura

La tortura amenaza a los inocentes, porque en cualquier momento puede convertirlos en culpables mediante sus feroces tratamientos.

Eduardo Galeano

En 2014, tras concluir su vista a México, Juan Méndez, relator de Naciones Unidas, denunció que en nuestro país la tortura es un problema «endémico», y al presentar su Informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo pasado, confirmó que dicha práctica es «generalizada». Ante este panorama es importante revisar los procedentes que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacerle frente.

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Martes, 10 Marzo 2015 00:00

Alternativas al encarcelamiento

La libertad personal es uno de los más antiguos derechos humanos. Desde el desarrollo de la acción de habeas corpus en el siglo XVII, hasta la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) unos 300 años más tarde, la mayoría de los sistemas jurídicos reconocen que el poder de detener implica una gran responsabilidad que no debe ejercerse a la ligera.

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Martes, 25 Noviembre 2014 00:00

La luz al final del túnel

La indefensión de los gobernados ante sus gobernantes ha sido un problema de la filosofía política desde inicios del siglo XIX. Para combatirlo se han creado doctrinas, legislaciones, instituciones y cuerpos normativos enteros; sin embargo, ha encontrado el freno más eficiente en el amparo y el ombudsman —como se conoce en México a quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos local o federal.

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Ángel Amílcar Colón Quevedo es un migrante hondureño de origen garífuna que, en su intento por buscar una mejor vida para su familia y pagar el tratamiento de cáncer de su hijo, cruzó casi todo el territorio mexicano y cuando estaba a punto de llegar a Estados Unidos fue detenido en un operativo policial en Tijuana: se encontraba dentro de una casa a la que fue llevado bajo amenazas de muerte.

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Hasta ahora todo mundo se ha centrado en debatir sobre lo que se decidió con motivo de la contradicción de tesis 293/2011 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2013.

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El sistema penitenciario, otro de los olvidados de las reformas a los sistemas de justicia penal en América Latina, sigue enfrentando serios retos, sobre todo en términos de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, debido a las condiciones de hacinamiento provocadas en gran medida por las políticas criminales punitivistas.

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Organizaciones y organismos internacionales reclaman que la tortura es endémica y su prevalencia se ha debido principalmente a las fallas en los sistemas de justicia. Mientras las autoridades sigan aceptando pruebas (principalmente confesiones) obtenidas bajo tortura, esta persistirá. En particular, México no ha logrado escapar a la práctica de la tortura, tal como lo estableció el Relator Especial de la ONU, Juan Méndez.

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Contra la creencia generalizada, el hecho de que una persona sea privada de libertad no la despoja de derechos humanos; el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y promover sus derechos fundamentales, como aquellos a la vida, la seguridad y la alimentación.

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Martes, 17 Junio 2014 00:00

¿Qué sigue para la CNDH?

En días pasados, al comparecer en el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, fue cuestionado por legisladores y legisladoras, integrantes de organizaciones sociales y víctimas, debido a los pobres resultados de su gestión. Dicha comparecencia preludia un proceso que se desahogará durante los próximos meses: al cumplir su primer periodo de cinco años el Senado lo ratificará o elegirá un nuevo ombudsman.

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