Hay gran diversidad de investigaciones sobre la génesis, evolución e importancia de los derechos humanos, cuyo punto de convergencia afirma que su respeto y práctica efectiva es la mejor expresión de un sistema político democrático.

Fernando Camacho Servín

Los abusos cometidos por las fuerzas armadas, en el contexto de la militarización de la seguridad pública, es uno de los elementos que ha generado mayores denuncias de violaciones a las garantías individuales en México, y es un factor que podría seguir presente en la ley de seguridad interior que actualmente se discute en el Congreso.

José Antonio Román

Los peridodistas y los defensores de las garantías individuales enfrentan en México un "grave patrón de violencia", aseguró Michel Forst, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos. "Hay una tendencia de muerte" hacia éstos, dijo.

El sistema de justicia penal mexicano no garantiza necesariamente el esclarecimiento de los casos de violaciones graves a derechos humanos. Diferentes vicios en su diseño y prácticas violatorias en su operación tienen este efecto. La tortura como método de investigación, el desdén por la prueba científica, la politización de la acción punitiva y la mediatización desproporcionada del proceso son, entre otros, problemas que nublan y disminuyen la certeza de la verdad procesal. Así, creer en los resultados de la procuración y administración de justicia, cuando los hay, puede ser un acto de fe.

GINEBRA (22 de diciembre de 2016) – El órgano de prevención de la tortura de la ONU exhortó a México a focalizarse más en la lucha contra la impunidad, incluyendo la pronta adopción de la Ley General en materia de Tortura, la que debe estar en plena conformidad con los estándares internacionales pertinentes. El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) recuerda que la efectiva lucha contra la impunidad es una de las medidas preventivas más eficaces que pueden adoptarse contra la tortura y los malos tratos.

Jorge Javier Romero Vadillo 

La semana pasada, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, improvisó ante la prensa unas declaraciones que resultan alarmantes en una democracia constitucional, por más maltrecha que esta esté, como la mexicana.

Después de reconocer que durante la última década la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no ha correspondido a su mandato constitucional, el general clamó por una legislación que legalizare lo que hasta ahora han hecho de manera ilegal, pues como él mismo admitió, están actuando sin la capacitación necesaria en tareas que corresponden a las autoridades civiles.

Organizaciones civiles y académicas denunciaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por su “torpe coordinación” y “decisiones unilaterales y opacas” en el proyecto para crear la plataforma Memoria y Verdad, que constituye el primer archivo digital de casos de violaciones graves de derechos humanos en México.

Kirk Semple y Paulina Villegas

Ciudad de México - Dos años después de que desaparecieron 43 estudiantes mexicanos durante una noche de violencia perpetrada, en parte, por las fuerzas de seguridad, el misterio de su destino sigue sin resolverse.

Washington, DC – Dos años después de la desaparición de los 43 estudiantes por elementos de la policía en colusión con un grupo de delincuencia organizada en México, no existen sentencias condenatorias, el avance en las investigaciones es sumamente lento, y existen pruebas convincentes sobre la obstrucción a la justicia en el caso.

Fue presentado en la Ciudad de México el Informe Pena sin Delito: Percepciones acerca de la finalidad de la prisión preventiva en México, de Carlos Ríos Espinosa, “una aproximación novedosa y poco explorada del tema de las medidas cautelares y, en especial, de la prisión preventiva en México en el contexto de la entrada en vigencia del nuevo modelo procesal penal acusatorio” [septiembre 12, 2016, Casa Lamm].