Ciudad de México, a 26 de enero de 2018.

Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, se halla desaparecido desde el 23 de enero pasado [2018], según denunció públicamente su familia al medio digital Animal Político. De acuerdo con esta versión, corroborada por nuestro Instituto con su padre, el señor Marco Antonio Sánchez Chávez, la desaparición ocurrió después de que dos agentes de policía de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Ciudad de México, detuvieran arbitrariamente al adolescente en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús, lo golpearan y se lo llevaran a bordo de una patrulla.

César Martínez

Cd. de México (22 enero 2018).- El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no ha aprobado ningún instrumento internacional sobre derechos humanos o reconocido sus facultades, lo que no ocurría desde el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964).

Coletta A. Youngers

En diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó formalmente su trascendental Informe sobre Medidas Dirigidas a Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en América, el cual resalta el papel que cumplen las políticas punitivas sobre drogas para alimentar el hacinamiento en las prisiones, con consecuencias particularmente devastadoras para las mujeres. El informe de la CIDH exhorta a que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública y no como un tema penal, y recomienda descriminalizar la posesión de drogas para consumo personal. Asimismo, el estudio plantea serias inquietudes respecto a programas de tratamiento del consumo de drogas bajo supervisión judicial, comúnmente conocidos como tribunales de drogas. El informe brinda una plétora de recomendaciones para alinear las políticas sobre drogas con las normas regionales e internacionales de derechos humanos.

ANDREW KEH

MILÁN, Italia — Un niño de 5 años persigue a su papá en una cancha de fútbol de concreto, su cabello delgado le cae sobre los ojos. A su alrededor se escuchan los gritos y chillidos de otros niños y el estridente sonido del silbato del árbitro que creaban una cacofonía que recordaba a un parque de juegos.

Washington DC / Nueva York / Stuttgart/ Ginebra, 18 de diciembre de 2017 – La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos. En respuesta, una coalición de diez organizaciones internacionales, comprometidas con los derechos humanos y el Estado de derecho, hacen un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto de la ley, al tiempo que anuncian la integración de un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

GINEBRA (14 de diciembre de 2017) - Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles", señaló el grupo en una declaración conjunta.

Manuel Hérnandez Borbolla

Te explicamos paso a paso, cómo fue que pasó la ley que aprobó la militarización de la seguridad pública tras un año de debate que el PRI y sus aliados simplemente decidieron ignorar.

Washington, DC—En días recientes se ha apresurado en la Cámara de Diputados de México la discusión de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales. En espacios públicos y medios de comunicación, legisladoras y legisladores de diversos partidos políticos han insistido en la aprobación de dicha ley. A pesar del rechazo de organizaciones de la sociedad civil, y contra la opinión de personas expertas en seguridad y derechos humanos, la Cámara está considerando su discusión para el jueves 30 de noviembre. 

Quiero salir para poder ver a mi familia; si yo lo hubiera hecho estaría conforme,
pero este castigo no es para mí

Zenaida Pastrana ―mujer indígena mixteca

Hasta mayo de 2017, en México había 7 mil 433 personas indígenas privadas de libertad [1] en espera de un proceso justo, apegado a la verdad y respetuoso de sus derechos humanos. Infortunadamente, en la mayoría de los casos la espera ha resultado interminable. Rescatemos de la memoria la historia de Zenaida Pastrana, mujer indígena mixteca de Guerrero.

Washington, DC—Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar. El reporte destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.