Por Ana Dulce Aguilar GarcíaHéctor Sebastián Arcos Robledo

La documentada situación de violencia en México relacionada con la existencia y lucha en contra de la criminalidad organizada ha dado lugar a una serie de medidas extraordinarias desde hace varios años. La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008 representó uno de los primeros cambios en este sentido al incorporar figuras como el arraigo constitucional, la prisión preventiva de oficio, entre otras disposiciones excepcionales para el tratamiento de personas imputadas por delitos relacionados con la delincuencia organizada. A esta política ya le precedía la intervención militarizada en la guerra contra las drogas.

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Martes, 05 Junio 2018 00:00

Observatorio Libertad en Comunidad

Iniciativa del IJPP, auspiciada por el Fondo Canadá, que monitorear y evalua a nivel nacional las políticas públicas y el desempeño institucional para la reintegración y reinserción sociales de las personas adolescentes de 12 a menos de 18 años a quienes se les atribuyen hechos considerados delitos, en particular al serles impuestas medidas cautelares o sancionadoras en libertad

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GINEBRA (30 de mayo de 2018) - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha llamado a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores, situación sobre la cual hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad.

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Diana Lastiri

Dos jueces federales, uno en la Ciudad de México y otra en el estado de Guanajuato, concedieron amparos en contra de la Ley de Seguridad Interior al considerarla inconstitucional pues algunos de sus artículos, dicen, violan los derechos humanos.

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En México, durante la última década se han sucedido una serie de reformas que pretenden mejorar la situación de las personas víctimas de delitos. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tales esfuerzos, además de insuficientes, tienen deficiencias y obstáculos en su implementación.

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Geraldina González de la Vega

El lunes 12 de marzo, el Pleno inició la discusión de una acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014 interpuestas por la CNDH y el INAI contra algunas normas del Código Nacional de Procedimientos Penales. El proyecto presentado por el Ministro Láynez, se dividió en 9 temas:

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Miércoles, 14 Marzo 2018 00:00

Revelan aumento de impunidad en México*

Iris Velázquez

Cd. de México (13 marzo 2018).- Con un índice de impunidad de 69.85 por ciento, 2.43 más alto que en 2016, México ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto en el mundo.

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  • La CIDH solicitó al Estado mexicano los informes sobre el caso y el estado de salud de Marco Antonio.
  • A 25 días de la hospitalización de Marco Antonio Sánchez su familia y el equipo de defensa continúan enfrentando obstáculos para el acceso al expediente médico.
  • Saludamos que este caso paradigmático sea el primero en ser investigado por la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

22 febrero 2018

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Eunice Leyva García y Simón Hernández León

 

“Las desapariciones forzadas han estado siempre asociadas al continente americano. Muchos gobiernos autoritarios de América han utilizado esta técnica del terror, y la enorme deuda que tenemos con las víctimas y sus familiares sigue pendiente… Los años y las décadas pasan, y madres, padres, hijos e hijas, esposas y esposos siguen buscando los restos de sus seres queridos y siguen clamando por justicia.” 

Rose-Marie Belle Antoine.

  

El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, adolescente detenido por agentes de seguridad pública de la Ciudad de México y desaparecido por 6 días, ha llamado la atención por el impacto social y la movilización que produjo, por las problemáticas estructurales que ha visibilizado, particularmente la detención de jóvenes bajo criterios discrecionales y criminalizantes. Aunado a los obstáculos para presentar denuncias en este tipo de casos y por el tratamiento mediático de las autoridades, centrado más en la vida privada de la víctima, que en el esclarecimiento del evento y en una investigación imparcial  objetiva, como práctica reiterada para deslegitimizar el reclamo de justicia. Finalmente, constituye una oportunidad histórica para el desarrollo jurisprudencial en casos de desaparición forzada.

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A la opinión pública

Desde el Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 300 organizaciones y personas, hemos trabajado para colocar en el centro del debate público, la discusión de un modelo de seguridad ciudadana que ponga fin a la guerra de más de 11 años.

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