Martes, 05 Junio 2018 00:00

#EstoEsSerVíctima

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Aunque México tiene hoy un modelo público de protección integral a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, predomina una atmósfera social adversa, donde autoridades y medios suelen discriminarlas, negándoles hasta dicha condición. ¡Veamos cómo es ser víctima en un contexto así!

 

 

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Martes, 05 Junio 2018 00:00

Esto sucedió aquí y la PGR…

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Nuevo Periodismo Judicial IJPP: De cara a las más sórdidas violaciones de derechos, aquí sabrás por qué urge una #FiscalíaQueSirva. Del Caso de Rosendo Radilla al de Los 43 de Ayotzinapa, diez historias contadas por activistas

 

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Los días 26 y 27 de abril pasados, en San José [Costa Rica], la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró la audiencia pública del Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, relacionado con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros del Ejército mexicano en el Ejido Benito Juárez de Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, y cuyo paradero aún se desconoce.

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Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra párrafos de cinco artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al considerarlos violatorios de los derechos a la reinserción social, la igualdad y la no discriminación de las personas privadas de libertad.

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Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra párrafos de cinco artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al considerarlos violatorios de los derechos a la reinserción social, la igualdad y la no discriminación de las personas privadas de libertad.

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En México, durante la última década se han sucedido una serie de reformas que pretenden mejorar la situación de las personas víctimas de delitos. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tales esfuerzos, además de insuficientes, tienen deficiencias y obstáculos en su implementación.

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Coletta A. Youngers

En diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó formalmente su trascendental Informe sobre Medidas Dirigidas a Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en América, el cual resalta el papel que cumplen las políticas punitivas sobre drogas para alimentar el hacinamiento en las prisiones, con consecuencias particularmente devastadoras para las mujeres. El informe de la CIDH exhorta a que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública y no como un tema penal, y recomienda descriminalizar la posesión de drogas para consumo personal. Asimismo, el estudio plantea serias inquietudes respecto a programas de tratamiento del consumo de drogas bajo supervisión judicial, comúnmente conocidos como tribunales de drogas. El informe brinda una plétora de recomendaciones para alinear las políticas sobre drogas con las normas regionales e internacionales de derechos humanos.

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Martes, 28 Noviembre 2017 00:00

Justicia para Atenco, ahora

Once años de camino en la búsqueda de justicia, verdad y reparación han recorrido las once luchadoras de Atenco. Su causa ha terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia donde recientemente sus testimonios demostraron que en un México violento no es lo mismo vivir siendo mujer que hombre, además de que las consecuencias de la violencia del Estado trascienden de maneras diferentes.

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La siguiente semana el Instituto de Justicia Procesal Penal y otras organizaciones participaremos en el 165 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ―Montevideo, octubre 23 al 27, 2017―, poniendo sobre la mesa la situación de la «prisión preventiva» oficiosa en México.

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José Antonio Román 

El uso discrecional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos en todo el continente, y representa una grave violación a los derechos de las personas privadas de la libertad, señaló James Cavallaro, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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