El MNPT detectó que de 232 situaciones observadas en visitas anteriores realizadas durante el mes de octubre, 119 aún persisten.
El Mecanismo acudió a realizar las visitas de seguimiento con apoyo de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para vericar las acciones desarrolladas en atención de las situaciones señaladas en los informes iniciales.
Estos primeros informes se originaron de la visita a 30 lugares de detención bajo la competencia de la Procuraduría General de Justicia del estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
También se visitaron ocho lugares de detención en Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria, que son cinco separos de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto; un albergue temporal y dos casas hogares, una para menores de edad y otra para adultos mayores.
El MNPT vericó las condiciones de estancia para analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
De las 232 situaciones, que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, observadas en octubre, 91 ya no presentaron situaciones de riesgo y 22 presentaron avances encaminados a su atención durante la visita de seguimiento; el resto no mostró modicaciones.
Además de los recorridos de seguimiento, el Mecanismo amplió la supervisión de lugares de detención en la entidad a dos agencias del Ministerio Público del estado, donde se detectaron 14 situaciones de riesgo.
Las situaciones que el MNPT detectó en los lugares que dependen de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas consisten en la falta de asignación de una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas; inexistencia de reglamento interno y manual de procedimientos; carencia de personal médico para cubrir el turno nocturno y nes de semana; falta de capacitación sobre la elaboración de los certicados de integridad física, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, entre otras.
En los lugares que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública se observó que no existe separación entre procesados y sentenciados; se carece de servicios de psiquiatría, ginecología y pediatría para los hijos de las internas que viven en el centro; el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura; inexistencia de programas contra las adicciones ni para el tratamiento de desintoxicación, entre otras.
Y en los lugares de internamiento que dependen de la Secretaría de Salud estatal se detectó que los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados no están debidamente integrados; las celdas carecen de planchas para dormir; varios inodoros se encuentran destruidos, los que funcionan están muy deteriorados y no cuentan con agua corriente; no se proveen alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto y no existe reglamento interno, ni manual de procedimientos para regular la actuación de las autoridades desde el ingreso, durante la estancia y egreso de las personas privadas de la libertad.
*Publicado en eluniversal.com.mx [febrero 13, 2017]
Consulte también:
- «En 2016, evidentes delitos, abusos e impunidad de funcionarios: CNDH»*
-
«Proseguirían violaciones a derechos humanos con la ley de seguridad: relator de la ONU»*
- NOVEDAD EDITORIAL: «Con enfoque de derechos humanos, CNDH edita 'Un modelo de prisión'»
- «Expertos de la ONU en la prevención de la tortura exhortan a México a focalizarse más en la lucha contra la impunidad»*
- «De jueces y psiquiatras: La locura ante el tribunal, por Emma González, en +Justicia»
