A ocho años de haberse aprobado la reforma de justicia penal en México, y después de su entrada en vigor en todo el país, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio enfrenta importantes desafíos.

Paris Martínez

El pasado 2 de septiembre de 2016, un juez federal de amparo determinó que la Procuraduría General de la República no cuenta con pruebas suficientes para demostrar la existencia de la organización delictiva Guerreros Unidos, a la que las autoridades atribuyen el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016. El día de hoy, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entregamos en el Senado de la República más de 17 mil firmas de apoyo de la sociedad civil, de México, Centroamérica y otros países, que se recolectaron a lo largo de un mes, para exigir una Ley contra la desaparición forzada y desaparición por particulares en la que se contemple los ocho puntos fundamentales[1] propuestos por las familias de víctimas.

Durante el encuentro internacional “La Agenda de la Sociedad Civil en los Procesos de Reforma Judicial en América Latina” organizado por CEJA y realizado en Río de Janeiro los días 26, 27 y 28 de octubre pasados, los representantes de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a temas de justicia acordaron relanzar la "Red Latinoamericana y del Caribe para la Democratización de la Justicia”, formada en los años 90 pero que con el paso del tiempo se fue desarticulando.