El próximo lunes 12 de septiembre en Ciudad de México, presentaremos conjuntamente con la Fundaciónpara el Debido Proceso (DPLF), el informe titulado “Pena sin delito: Percepciones acerca de la finalidad de la prisión preventiva en México”. El informe fue elaborado por Carlos Ríos Espinosa, investigador en temas de justicia penal y derechos humanos, con el apoyo del IJPP.

30 de agosto de 2016

Catalina Devandas Aguilar
Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad

Juan Méndez 
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Dainius Puras
Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

De nuestra mayor consideración:

Human Rights Watch se dirige a ustedes, en cada uno de sus respectivos mandatos, con el objeto de instarlos a dar atención inmediata a una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes que actualmente está siendo tratada en México (Ley General contra la Tortura, en adelante, LGT).

HEADER COMUNICADO DESAPARICONES

Ciudad de México a 30 de agosto de 2016

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada organizaciones de la sociedad civil presentan: Investigar penalmente con debida diligencia ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, homicidios y desapariciones de personas: guía de estándares básicos y exigen a autoridades fortalecer sus capacidades de investigación de conformidad con el derecho internacional.

El sistema de justicia penal es el mecanismo con el que cuenta el Estado para ejercer su poder de sanción sobre las personas que cometen delitos. Este poder no es absoluto, debe basarse en el respeto a los Derechos Humanos y otras reglas, para que las autoridades no cometan arbitrariedades contra las personas acusadas ni las víctimas. Por muchos años hemos vivido con un sistema que institucionalizó la violación cotidiana de Derechos Humanos. La Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que publica el INEGI cada año, aporta siempre resultados similares. Sólo el 10 por ciento de las personas que son víctimas de un delito lo denuncia. ¿Las razones? Principalmente, falta de confianza en la autoridad; la idea de que “no va a pasar nada” o “es una pérdida de tiempo”; o bien, el temor a ser extorsionados por la propia autoridad. Por parte de las personas acusadas, existe evidencia de que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas cotidianas para obtener información que permita declararlas culpables, o sencillamente infligir sufrimientos y humillaciones. Sabemos que las personas no son juzgadas de manera justa y que, además, en los casos en los cuales son enviadas a prisión –justificadamente o no– sufren condiciones de hacinamiento inaceptables en un marco de respeto por la dignidad humana. Este panorama está cambiando. Hace aproximadamente diez años diversos sectores de la sociedad civil empezaron a impulsar la reforma al sistema de justicia penal con base en investigaciones que daban cuenta de lo descrito en los párrafos anteriores. Entre quienes han impulsado esta reforma existe la convicción de que esta no será exitosa si las y los ciudadanos no la conocen ni entienden los beneficios que conlleva. Si no saben de lo que se trata, piensan, difícilmente será posible elevar los niveles de confianza y cambiar la percepción social negativa sobre el sistema penal. Si esto es correcto, entonces es importante que nos acerquemos a ell@s para conocer sus inquietudes, preguntas clave sobre cómo funciona la justicia penal y los derechos que debemos exigir cuando nos enfrentamos a ella.