Miércoles, 19 Octubre 2016

Decimos «No» a "filtraciones", "tribunales mediáticos" y la figura de "juez sin rostro": Contravienen la justicia democrática

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Octubre 19, 2016, Ciudad de México

Lamentamos la muerte del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, expresamos nuestra plena solidaridad con su familia y sus colaboradores, y tenemos altas expectativas en que el sistema de justicia penal clarifique el caso ante la sociedad y garantice realmente la justicia.

En este sentido, nos preocupa especialmente la difusión de un video sobre su asesinato, y datos personales y profesionales del juez Bermúdez Zacarías, pues evidencia la falta de responsabilidad y respeto a la ley de las autoridades ministeriales encargadas de preservar los datos de investigación y garantizar la protección de la honra y la dignidad de las víctimas.

La publicación en medios noticiosos de las denominadas «filtraciones» de datos e imágenes son una práctica cotidiana e ilegal que, en el contexto de crisis de violencia, produce juicios mediáticos y la exposición indebida de personas víctimas e imputadas, dañando sus derechos humanos a la propia imagen, la protección de datos personales, la dignidad y la honra ―lo cual afecta también a sus familias.

La función de los medios noticiosos y l@s periodistas es posibilitar el ejercicio ciudadano del derecho a la información, informando de manera ética e imparcial, sin afectar la investigación ni formular juicios de valor, cuidando el equilibrio entre la cobertura informativa de hechos de interés público y los derechos de las personas víctimas y sus familiares.

La exhibición del video que muestra el momento en el que habría sido asesinado el juez Bermúdez Zacarías no solo tiene dichas implicaciones, produciendo revictimización, sino que existe la posibilidad de que haya sido «filtrado» por funcionarios de procuración de justicia, quienes tienen una obligación reforzada de resguardar y garantizar la confidencialidad de los elementos de investigación.

Y más allá de sus obvias implicaciones en la investigación y los derechos de las víctimas, esto compromete la independencia de jueces y juezas. Es un deber del Estado garantizar y proporcionar los recursos adecuados para que estos lleven a cabo su función sin amenazas ni intromisiones, sean directas o indirectas, como lo ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por otra parte, son cuestionables posiciones como las de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, proponiendo la valoración de la figura de «jueces sin rostro» como medida de protección. Debemos recordar que esto contraviene el Artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo a la Observación General no. 32 (numeral 23) del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según lo ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos.

Los «jueces sin rostro» constituyen tribunales anónimos que impiden valorar la idoneidad y competencia de los juzgadores, y atentan contra el derecho de las personas a ser juzgadas por un/a juez/a independiente e imparcial, además de que ocasionan otras restricciones a la publicidad de las audiencias y la defensa penal efectiva.

Por otra parte, valoramos positivamente la condena del Consejo de la Judicatura Federal, donde afirma que dicha acción «infringe la obligada reserva legal de la investigación, compromete la eficacia de la misma y afecta los derechos de las víctimas, en este caso, su familia. (…) y es contrario al de preservar un elemento valioso que permita la oportuna detención de los probables responsables».

Con esta base llamamos al Poder Judicial en su conjunto a asumir este discurso garante de los derechos fundamentales en todos los procesos en los que intervenga, favoreciendo así que estas prácticas sean desterradas del sistema de justicia penal y se establezcan responsabilidades a servidores que amparados en la función pública reproducen prácticas violatorias de derechos humanos como la de las «filtraciones».

Finalmente, este caso nos impone reflexionar sobre las implicaciones de la interacción entre funcionarios del sistema de justicia penal, medios noticiosos y periodistas policiales y judiciales, y cómo garantizar la publicación de información que permita el ejercicio ciudadano del derecho a la libre expresión, al tiempo que se respeten los derechos humanos de las personas víctimas y sus familias.

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Modificado por última vez en Miércoles, 26 Octubre 2016 09:58

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