Lunes, 04 Abril 2016

Abril 7, Washington, DC: Audiencia ante la CIDH por privatización y cuestionable certificación de prisiones en México

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La privatización y «certificación» de los centros de privación de libertad en México deben cesar, no solo porque privilegian intereses corporativos y violan derechos de las personas internas, sino por carecer de cualquier «mecanismo de evaluación, de supervisión y de control externo».

Lo afirman Maïssa Hubert y Simón Hernández, miembros de dos de las organizaciones mexicanas que protagonizarán, como peticionarias, la audiencia «Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México» ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], el jueves [abril 7, 2016].

Dicha audiencia fue promovida por la Fundación para el Debido Proceso, México Evalúa, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, Documenta-Análisis y Acción para la Justicia Social, y nuestro Instituto.

Simón Hernández, consultor del IJPP, precisa que persiguen evidenciar las implicaciones del esquema de privatización de las prisiones como respuesta estatal a la crisis penitenciaria en México, una de cuyas consecuencias más recientes fue el trágico enfrentamiento en el centro penitenciario de Topo Chico [Monterrey, Nuevo León].

Más que trasladar la responsabilidad a la iniciativa privada, urge Hernández, el Estado mexicano debe atender problemas estructurales como el hacinamiento y los autogobiernos, a través de «la modificación de la política de seguridad», y, sobre todo, adecuando «los centros penitenciarios al espíritu de la reforma penitenciaria de 2008».

Debe considerarse, añade, que en México en realidad ya existe «una privatización de facto; es decir, estos esquemas de cobros por espacio, por protección, por pases de lista, por el ingreso de familiares», y que «generan una dinámica de corrupción que no se va a resolver con una privatización».

A su vez, Maïssa Hubert, investigadora de Documenta-Análisis y Acción para la Justicia Social y quien es parte del equipo que acudirá a la audiencia, dice que es urgente que «pare el proceso de privatización… estamos muy preocupados por la manera en que se están dando esos contratos, por las condiciones en esos centros, donde no hay ninguna garantía en términos de derechos humanos».

También da conocer que exigirán ante la CIDH que «se investigue y que se reforme la manera en que se otorgan los contratos, que se dé una verdadera discusión con el Estado acerca del proceso de privatización y sobre el modelo de cárceles que queremos».

En cuanto a la «certificación», opina que «se está dando en un contexto totalmente opaco que sirve de justificación a la privatización», aparte de que «está basada en nada, son puras normas: solicitan que tengas normas para todo pero no solicitan que las respeten».

Sobre este tema, por cierto, Simón Hernández refiere el caso de Chihuahua, «donde empezó el modelo de certificación de ACA, la empresa de Estados Unidos líder en este esquema, y ya se certificaron todos los penales pero lejos de disminuir las problemáticas, algunas están ahí latentes».

Esta audiencia, como todas las que tienen lugar en el marco del 157 Periodo de Sesiones del organismo interamericano ―del 4 al 8 de abril [2016]―, podrá seguirse en streaming a través de la página web de la CIDH, a partir de las 10:15horas [hora de Washington, DC].

Escucha fragmentos de las entrevistas con Maïssa Hubert y Simón Hernández: 

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Modificado por última vez en Jueves, 14 Abril 2016 11:07

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