Lunes, 15 Febrero 2016

Exige ONU atender crisis penitenciaria y garantizar derecho a la verdad en Topo Chico

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«El Estado está obligado a salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. […] Esta obligación no se limita a abstenerse de violar derechos de las personas privadas de la libertad, también abarca el deber positivo de protegerles de ataques contra la vida y la integridad provenientes de otras personas detenidas».

Así lo expuso Juan E. Méndez, relator especial sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantesde Naciones Unidas, en su comunicado a propósito del conflicto violento en el centro de privación de libertad de Topo Chico [febrero 10, 2016, Monterrey, Nuevo León],  donde murieron asesinadas 49 personas privadas de libertad.

También advirtió que es fundamental «garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos».

A su vez, en un comunicado las oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México exhortaron al gobierno federal a «hacer frente a una grave situación carcelaria donde se combinan la violación de los derechos humanos, las debilidades de la política de reinserción, serias deficiencias en las condiciones de detención y la transformación de varios centros penitenciarios en lugares de reclutamiento de organizaciones delictivas».

Lee los comunicados del relator especial y las oficinas de Naciones Unidas.

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Modificado por última vez en Lunes, 13 Junio 2016 10:22

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