Jueves, 14 Agosto 2014

«El idioma de la injusticia: Violaciones a los derechos humanos de las personas indígenas privadas de la libertad»*

Al 80% de las 8 mil 486 personas indígenas privadas de la libertad en México no se les ha respetado el derecho al debido proceso, tal como lo ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que fueron detenidas arbitrariamente, no se les proporcionó un traductor o en general que no han contado con una defensa adecuada durante su proceso. Tampoco existe un registro preciso sobre el número de personas indígenas que ya han recibido sentencia y quienes permanecen en prisión preventiva.

Las deficiencias propias del Sistema de Procuración de Justicia han permitido que el sistema de justicia penal se utilice como arma de venganza en situaciones personales o políticas. Especialmente en los contextos indígenas, basta con denunciar a una persona para que sea detenida por la autoridad, quien a su vez integrará una averiguación previa llena de deficiencias.

Con el fin de saber más al respecto de los procesos penales en contra de personas indígenas, ASILEGAL visitó durante el pasado mes de mayo  10  centros penitenciarios del Estado de Chiapas, la segunda entidad con mayor porcentaje de población indígena.

Encontramos que el 10 % de la población indígena en prisión preventiva en el estado de Chiapas no habla ni entiende el castellano y el 53%  lo hace escasamente pues han tenido que aprender para afrontar su situación de internamiento. El 48% del total de estas personas no contaron en ningún momento con un intérprete traductor que les asesorara.

El 66% de las personas indígenas entrevistadas denunciaron que durante su detención recibieron golpes y maltratos físicos, insultos, o sufrieron el robo de sus pertenencias. El 39% de las personas que se encuentran en prisión preventiva en este estado mencionaron haber firmado su declaración ministerial bajo malos tratos.

En cuanto a las condiciones de vida, lo común es el hacinamiento, la sobrepoblación y la pobreza en las personas son obligadas a vivir, apartados de sus familias y comunidades. Para obtener un ingreso económico, el 78% de las personas indígenas privadas de la libertad fabrican artesanías. Las ganancias que obtienen semanalmente van de los 60 a los 100 pesos, aunque hay casos en los que por la avanzada edad o deteriorada salud, la persona no puede realizar actividad remunerada alguna. Esta situación de pobreza hace imposible la contratación de un abogado particular y se recurre a la defensoría pública, rebasada por el gran número de casos y sin la capacitación suficiente para atender a personas indígenas. Un ejemplo de ello es el penal de Ocosingo, con una población de alrededor de 300 personas y que solo cuenta con un abogado de oficio.

Todo lo anterior detalla la terrible situación en la que viven las personas indígenas privadas de la libertad en Chiapas, pero no dudamos que en otras entidades la realidad sea similar. Por eso llamamos a las autoridades del Sistema Penitenciario tanto en Chiapas como a nivel nacional, a que atiendan el gran número de casos en los que no se han respetado los derechos más elementales de las personas. A la sociedad en general también le hacemos un llamado para combatir la discriminación en todas sus formas y en particular, la que se ejerce contra las personas indígenas y contra las personas privadas de la libertad.

Atentamente:

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.

*Publicado originalmente en asilegal.org.mx [agosto 9, 2014]

Consulta también:

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.