Observatorio del Sistema de Justicia presenta en Chihuahua Informe sobre arraigo, medidas cautelares y ejecución penal

Publicado en Noticias 2014

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia presentó en la ciudad de Chihuahua su primer Informe «Arraigo, medidas cautelares y ejecución penal», durante un acto donde se analizó la situación de libertad, seguridad e integridad de las personas dentro del proceso penal acusatorio, desde la perspectiva de derechos humanos [febrero 5, 2015].

La presentación, realizada en la Sala de Congresos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Chihuahua, contó con la presencia de estudiantes, profesores, periodistas y funcionarios del Poder Judicial estatal.

Juan García Javalera, director del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua y anfitrión del evento, destacó durante la reseña del informe la importancia de realizar investigación encaminada a mejorar el sistema penal acusatorio.

 Los hallazgos fueron presentados por Guadalupe Álvarez, investigadora de Asistencia Legal por los Derechos Humanos [Asilegal]; Javier Carrasco y Ruth Zenteno, director ejecutivo y coordinadora de Investigación de nuestro Instituto, respectivamente; y Alejandra Leyva, investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [CMDPDH].

En cuanto al contenido del Informe, la CMDPDH analizó la figura del arraigo a nivel federal, en Nuevo León y el Distrito Federal, evidenciando que es una medida de investigación violatoria de derechos humanos y que su uso es abusivo.

Por su parte, Asilegal se refirió a las dificultades para la implementación de la etapa de ejecución penal en Oaxaca y Yucatán, mostrando la falta de un proceso de capacitación integral sobre la comprensión de los alcances de la ejecución penal en dichos estados.

Finalmente, el Instituto de Justicia Procesal Penal presentó sus principales hallazgos sobre el uso de las medidas cautelares en Chihuahua y el Estado de México, identificando que hay una relación significativa entre el delito y la medida cautelar, que se acentúa cuando se utiliza un catálogo de conductas con «prisión preventiva» oficiosa, además de los problemas durante el debate que impiden la aplicación de medidas cautelares acordes con los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así, precisó que las posibles penas a imponer y la oficiosidad favorecen favorecer el uso de la «prisión preventiva» como medida cautelar, mientras que se desaprovecha o pasa por alto la información general de la persona imputada, lo que favorece el legalismo estricto y omite las circunstancias reales de la persona bajo proceso.

Las tres organizaciones de la sociedad civil conforman el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia.