«Presunción de inocencia y seguridad pública: un diálogo posible»

Publicado en Noticias 2014

Aguilar García, Ana, «Presumption of Innocence and Public Safety: A Possible Dialogue», en Stability: International Journal of Security and Development, diciembre 5, 2014

Platear una tensión entre presunción de inocencia y seguridad pública es «un falso dilema». El primero es un derecho que protege a las personas imputadas de delito y adquiere «mayor relevancia en un contexto en que la detención arbitraria y la tortura siguen siendo prácticas comunes de las agencias policiales nacionales». No obstante, en el sistema de justicia penal mexicano se quebranta al abusar de la «prisión preventiva».

Así lo expone Ana Aguilar García, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, en «Presumption of Innocence and Public Safety: A Possible Dialogue», artículo publicado en Stability: International Journal of Security and Development [diciembre 5, 2014].

Explica que a pesar de los cambios normativos que la reforma del sistema de justicia penal trajo a partir de 2008, en la práctica, si no se encarcela a las personas imputadas de delito para juzgarlas, se genera una percepción de impunidad, pues se atribuye al sistema un modelo de «puerta giratoria» donde «los policías detienen a los ‘criminales’ y el sistema les permite salir».

En la realidad, sin embargo, privar de libertad a las personas no ha demostrado que la incidencia delictiva ni la cifra negra bajen, añade. De 2005 a junio de 2014, por ejemplo, la población carcelaria creció en promedio 20%, y el porcentaje de personas privadas de libertad sin condena se mantuvo entre 40 y 43%. Al mismo tiempo, eso no ha impedido que el número de víctimas de delito aumente, con 27 mil 337 por cada 100 mil habitantes en 2012, y un porcentaje de delitos no denunciados de 92.1%.

Una alternativa al abuso sistemático de la prisión sin condena, destaca Aguilar García, está en la propia reforma del sistema de justicia penal, que contempla la creación de servicios previos al juicio, «oficinas administrativas con dos funciones principales: evaluar el riego procesal para aportar información precisa y objetiva sobre las condiciones sociales específicas de los acusados y que el juez dicte eventualmente una medida cautelar en libertad, y en segundo lugar la supervisión de dicha medida».

También refiere las exitosas experiencias de las primeras oficinas de ese tipo en Morelos, Puebla y Baja California, donde el cumplimiento de las medidas cautelares en libertad alcanzas niveles de hasta 97.9%.

Concluye recordando que «es obligación de los gobiernos llevar a cabo evaluaciones apropiadas que conduzcan a la creación de políticas públicas que respondan a las necesidades del sistema de justicia y seguridad pública de un país ―como los servicios previos al juicio― más allá de los discursos políticos o intereses electorales».

Lea «Presumption of Innocence and Public Safety: A Possible Dialogue» [solo disponible en inglés]

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