Ginebra, 21 de febrero de 2012

Después de nuestra declaración de la semana pasada acerca de la pérdida de vidas en los centros de detención en toda América Latina, estamos alarmados de que 44 detenidos en el estado de Nuevo León en México fueran asesinados el 19 de febrero, presuntamente por miembros de un grupo delictivo organizado. Por lo menos 26 de los detenidos, la mayoría acusados de delitos graves, escaparon. Esto viene después de la muerte de 31 detenidos y 13 que resultaron heridos el 4 de enero de este año, en un enfrentamiento entre grupos rivales en una penitenciaría en Altamira, Tamaulipas.

Una veintena de periodistas de Oaxaca asignados a la cobertura del delito, la seguridad pública y la violencia se inscribió al Taller de Periodismo sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio [enero 24-25, 2012, Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca], enfocado en las delimitaciones legales y éticas, y las ventajas de acceso a la información que ofrece el nuevo modelo de justicia penal en proceso de implementación en el estado.

El asesinato de 44 presos y la fuga de 30 en el penal de Apodaca  [Nuevo León, febrero 19, 2012] deben investigarse de forma «exhaustiva e independiente»; «los responsables, incluidas las autoridades penitenciarias correspondientes, deben ser llevados ante la justicia y deben adoptarse todas las medidas necesarias para prevenir que este tipo de ataques se repitan».

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), se encuentra extremadanamente preocupada y en estado de máxima alerta por los nuevos hechos violentos en el centro penitenciario en Apodaca, estado de Nuevo León.

Los hechos de esta noche son una muestra más de la fragilidad del sistema penitenciario en el Estado que no puede garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El sistema se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las recientes explosiones de violencia, pero que si recordamos, son recurrentes en la entidad. Cada año hay más motines, más asesinatos, más quejas y menos intervención preventiva o correctiva del Estado. Así, la actual situación hace imperante, en un marco de derechos humanos los siguientes puntos.