«Dimos la noticia que todo periodista hubiera querido dar», presumió Ana Rosa Quintana, popular presentadora de la cadena española Telecinco, después de transmitir «la verdad» sobre el asesinato de una menor, es decir, la confesión de una mujer, en el escenario, en vivo, acusando a su marido.

Este juicio paralelo es el tema del reportaje «¿Le juzga el juez o le juzga el circo?» [El País, marzo 1, 2011], que se pregunta si la de Telecinco «¿es una exclusiva periodística que a cualquier medio le hubiera gustado difundir? ¿O se trata de una vuelta de tuerca en la zafiedad que algunos expertos atribuyen a esa cadena privada?».

Presunto culpable, documental estrenado en el Distrito Federal, Cuautla, Cuernavaca, Morelia, Guadalajara, Monterrey y Tijuana el fin de semana [febrero 18, 2011], «es una llamada de atención en muchas direcciones, una de las cuales alude a los medios y los periodistas», apunta Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, en «Presunto culpable y el periodismo» [El Universal, febrero 20, 2011].

promo medios 2A propósito del estreno en México del documental Presunto culpable, en el nuevo post del blog meDios, «López-Dóriga, Alatorre, Cassez, usted y yo» [febrero 21, 2011], Marco Lara Klahr analiza las implicaciones de una cadena de producción noticiosa «distante de la gente», con información «'vendible', aunque inverificable», en el tratamiento a una persona acusada de delito.

Revisa específicamente la forma en que Joaquín López-Dóriga y Javier Alatorre, presentadores de dos de los noticieros más populares de la televisión abierta en México, abordaron el caso de Florence Cassez [febrero 15, 2011], mostrando imágenes «del supuesto rescate de un secuestrado, el 9 de diciembre de 2005», cuando en realidad se trató de «una recreación del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para la teleaudiencia».

«El gobierno de Morelos ha tomado una decisión histórica dando un salto al futuro». Así anuncia Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, la fundación de la primera Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (UMECA), institución pionera en México y el mundo —impulsada por el Proyecto Presunción de Inocencia en México, de Open Society Justice Initiative.