La debilidad operativa de la Policía Judicial y la falta de capacitación a jueces, fiscales y defensores públicos son los principales obstáculos en la implementación eficaz del nuevo sistema penal acusatorio colombiano, según encuentra el «Análisis de la relación entre sistema penal acusatorio y política de seguridad ciudadana de Bogotá. Síntesis de una investigación exploratoria», elaborado por el Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia de Bogotá (SUIVD).

blog osi img13 de julio, 2010 | por Denise Tomasini-Joshi

¿Cómo puede funcionar adecuadamente un sistema si no existen incentivos para ello? Es el dilema básico que enfrentan los reformadores del sistema de justicia mexicano. Por años, la policía, los ministerios públicos y los jueces han sabido que no tienen que encontrar y castigar a las personas que han cometido delitos; para crear la ilusión de un Estado de derecho, llenar las cárceles lo hará por ellos.

Iñaki Rekarte y Andoni Muñoz de Vivar, ex miembros de la organización terrorista vasca ETA, recibieron de Instituciones Penitenciarias (organismo responsable de la ejecución de penas y medidas penales en España) acceso al programa penitenciario de «prisión atenuada», luego de haberse desmarcado de dicha organización separatista, condenar expresamente la violencia terrorista y manifestar su intención de pagar las indemnizaciones a las víctimas mortales de los crímenes que les fueron imputados.

  • Auditorio "M", jueves 9 de septiembre 2010, 18:30 horas, ITESO, Guadalajara, Jalisco

Programa

1. Introducción

2. Bienvenida por Carlos Luis Moreno Jaimes, jefe del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos,  ITESO

3. Panel "¿Cuánto nos cuesta la prisión sin condena?"

Luis de la Barreda, ICESI

Javier Carrasco Solis, Director del Proyecto Presunción de Inocencia en México OSJI

Jorge Tejada, ITESO/Barra Mexicana Colegio de Abogados (moderador)

Guillermo Zepeda, autor de las publicaciones presentadas y académico del ITESO

Participación del público

4. Presentación de avances de la película "Se presume culpable"

5. Presentación del Portal de Internet del Proyecto

6. Agradecimiento y despedida

Consulta comunicado de prensa

Si la reforma del sistema de justicia penal en nuestro país presume la intención de erradicar violaciones a los derechos humanos acercando a los ciudadanos a una «justicia» pronta y expedita, ¿por qué continúan observándose evidentes actos de impunidad que contradicen las metas planteadas?

«El Ministerio Público hace ‛cacería de brujas‛, yendo casa por casa alrededor de [...] donde encuentran el producto [de un aborto] o el hospital donde denuncian a las mujeres [...] y le pide a la sociedad que participe».

Son las palabras con las que Verónica Cruz, directora del Centro «Las Libres», describe cómo ha instrumentado la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato la investigación y detención, durante los últimos diez años, de 160 mujeres que tras ser denunciadas por abortar ―el Código Penal estatal lo castiga con tres años de cárcel, con la posibilidad de libertad provisional―, fueron detenidas por policías ministeriales y acusadas de «homicidio en razón de parentesco».

en pleno debateCon motivo del lanzamiento de la campaña « Violar la presunción de inocencia, ¿cuánto nos cuesta? Insumos para un México con justicia»del Proyecto Presunción de Inocencia en México (PPIM) de Open Society Justice Initiative (OSJI), en alianza con Renace, el Instituto para la Seguridad y Democracia AC y Reintegra, este jueves [agosto 26, 2010] se dieron cita en la Casa del Risco voces que debatieron acerca del uso excesivo de la «prisión preventiva» en nuestro país y los costos que conlleva, no sólo en lo económico, sino también, y más preocupante, en lo social y familiar.

«Qué difícil es pedir perdón», concluye Denise Maerker en la entrega «Déjennos vivir en paz» de su columna Atando cabos de El Universal [octubre 4, 2010]. Y, por lo visto, lo es para la Procuraduría General de la República (PGR): pese a que el Poder Judicial ordenó la liberación por falta de pruebas de los ex funcionarios estatales y municipales acusados de «haberle dado apoyo y protección al cártel de La Familia Michoacanacuando ejercían sus cargos de alcaldes y funcionarios», sigue sosteniendo que son culpables.