Sábado, 22 Mayo 2010

Periodistas vascos dañados por «error judicial»

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La atropellada clausura hace siete años del periódico vasco Euskaldunon Egunkaria, en España, la supuesta tortura cometida por guardias civiles y el encarcelamiento de su director Martxelo Otamendi y cuatro colaboradores a quienes un juez dictó «prisión preventiva», ha puesto hoy al sistema judicial en la mira de la clase política, la sociedad civil organizada, la academia y la prensa.

A principios de 2003, en apariencia convencido de que el personal editorial estaba presuntamente vinculado al grupo terrorista ETA y había puesto a disposición de éste las páginas del diario, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó su cierre y la detención del director y diez empleados, lo cual ocurrió el 3 de febrero, de madrugada.

Euskaldunon Egunkariaera un medio impreso joven y el primero en la historia escrito en vasco. Hoy, que los periodistas afectados fueron absueltos siete años después, se presume que Del Olmo pudo actuar movido sólo por un prejuicio contra el idioma vasco ─que diversos grupos sociales, políticos, operadores judiciales y medios aún hoy vinculan de manera automática con el terrorismo.

Tal suposición se basa en que ambas medidas cautelares fueron injustificadas: la propia Audiencia Nacional, al dictar en abril [2010] sentencia absolutoria a los imputados, determinó que no había causa que perseguir y que ni la prisión previa al juicio para el director y cuatro colaboradores, ni mucho menos el cierre del diario tuvieron sustento constitucional. Aquella institución, al retractarse, asume el error judicial de uno de los suyos.

Arbitrariamente, el juez silenció un medio informativo y mandó a prisión a cinco inocentes, no obstante que al ser detenidos no constituían una amenaza para la sociedad ni existía indicio alguno de que no acudieran a juicio y huyeran. El propio Estado, a través de la Audiencia Nacional, quebrantó sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, lo mismo que a las libertades de empresa, prensa y expresión. En un sentido, éstas son manifestaciones ostensibles del uso excesivo de la prisión sin condena que se hace en la mayoría de los países.

Los periodistas afectados no tienen derecho, sin  embargo, a una indemnización automática por el daño infringido. Para ello, tendrían que apoyarse en el principio de Responsabilidad de Error Judicial establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y seguir otro tortuoso proceso de reclamación ante el mismo sistema que los afectó a lo largo de siete años.

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