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promo medios 2Esta semana encontramos en meDios, el blog, columna y podcast de Marco Lara Klahr, «Isabel Miranda de Wallace en la Edad Mediática»una perspectiva distinta del la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Wallace.

El texto propone una serie de preguntas que tal vez sólo aquellos que están dispuestos a reconocer y cambiar la respuesta se las pueden plantear: ¿Dónde quedó el periodismo que vigilaba el proceder político y el de la sociedad civil organizada? ¿Desde cuándo el respeto a los derechos humanos es selectivo?

reforma imagen criminaContra lo establecido por el Artículo 20 constitucional, para la Procuraduría General de la República, Jaime Torres González es culpable sin habérsele probado. De acuerdo con una interesante crónica del diario Reforma [diciembre 13, 2010], fue acusado y procesado por intento de asesinato del jefe regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de México, Lorenzo Castrejón Tavira, con la declaración de un supuesto testigo como única prueba y no obstante que ni siquiera se encontraron sus huellas dactilares en el arma con la cual supuestamente fue cometido el ataque. Preso sin juicio en el penal de Santiaguito [Almoloya de Juárez], espera sentencia mientras una enfermedad crónica se le agudiza.

fotograma presunto culpableEn diciembre de 2005 dos policías detuvieron arbitraria y violentamente a Antonio Zúñiga. «Me agarran, me meten a una patrulla y me dicen '¡tú fuiste, y ya!», recuerda. Nunca le fueron leídos sus derechos y su primer defensor público ni siquiera estaba acreditado para litigar. En sólo dos días el Ministerio Público ejerció la acción penal acusándolo por el delito de asesinato. Al final, un juez lo condenó a 20 años de prisión.

En su discurso ante el «Primer Foro Sobre la Nueva Justicia Penal: el qué, quién y cómo en las etapas procesales», convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación [abril 22, Ciudad de México], Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, criticó severamente la reforma procesal penal. «La concepción del sistema penal en Chihuahua», aseguró, «es uno de los factores causales del desgobierno que se vive sobre todo en Ciudad Juárez» [El Universal, abril 22, 2010].

Establecer el Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos es un desafío; en ese complejo camino de reforma integral, a partir de 2007 el Proyecto Presunción de Inocencia en México comenzó a proveer al Gobierno del Estado asesoría y serviciostécnicos, y hoy lo hace a través del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC.

La atropellada clausura hace siete años del periódico vasco Euskaldunon Egunkaria, en España, la supuesta tortura cometida por guardias civiles y el encarcelamiento de su director Martxelo Otamendi y cuatro colaboradores a quienes un juez dictó «prisión preventiva», ha puesto hoy al sistema judicial en la mira de la clase política, la sociedad civil organizada, la academia y la prensa.

Durante el Segundo Foro Político «Seguridad y Justicia» [mayo 24-25, 2010, Ciudad de México] ─organizado por la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, México SOS y Fundación Renace─ académicos, representantes de la sociedad civil y funcionarios policiales y judiciales dialogaron sobre las implicaciones de la reforma penal en la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, así como en la creación de una policía investigadora y el nuevo papel del Ministerio público y los jueces penales.

La debilidad operativa de la Policía Judicial y la falta de capacitación a jueces, fiscales y defensores públicos son los principales obstáculos en la implementación eficaz del nuevo sistema penal acusatorio colombiano, según encuentra el «Análisis de la relación entre sistema penal acusatorio y política de seguridad ciudadana de Bogotá. Síntesis de una investigación exploratoria», elaborado por el Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia de Bogotá (SUIVD).