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En las últimas semanas hay una amplia discusión pública sobre la sentencia de Amparo 159/2017 ―la cual determina que el auto de formal prisión contra Diego Cruz Alonso es inconstitucional― desde distintas aristas, como presunción de inocencia, calidad de las pruebas e independencia judicial. Pero no debe perderse de vista la de perspectiva de género.

Desde principios de este año se discuten en el Congreso dos iniciativas presentadas por diputados del PRI y el PAN para regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) en la estrategia de Seguridad Nacional, mediante una Ley de Seguridad Interior que pretenden aprobar antes del 30 de abril.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudió la figura del/la juez de ejecución en el caso «Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala», analizando su responsabilidad de garantizar y respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

El Artículo 17 de la Constitución enuncia que «Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho», de lo cual se desprende la maquinaria gubernamental encargada de esta obligación y función sustantiva del Estado: La procuración e impartición de justicia.