Una década hace, Diego Valadés planteó el problema: Las palabras del derecho siguen teniendo entre nosotros un alto ingrediente mágico, que las hace misteriosas, distantes, peligrosas. Lejos de infundir seguridad, las palabras de la ley producen sobresalto.

La Defensoría Pública de São Paulo desarrolla una importante política con base en la cual organiza visitas regulares a personas detenidas preventivamente y sistematiza la información recabada, mejorando así su acceso a la justicia.

A nivel internacional, México se caracteriza por la ratificación de tratados y normas, especialmente los relativos a derechos humanos. Sin embargo, existe un mecanismo vinculante para todos los Estados que no requiere de suscripción ni reconoce excepciones: Se le conoce como jus cogens, la norma imperativa del Derecho Internacional, que incluye la tortura y los malos tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, obligando a los Estados a tomar medidas de prevención y erradicación.

Afortunadamente para México, la perspectiva de género llegó para quedarse. Ha ido penetrando socialmente a distintos niveles, en algunos casos a pasos agigantados, en otros no tan velozmente como quisiéramos. Hay diferencias entre los géneros que no deben seguir siendo ignoradas y han comenzado a ser atendidas en diversas esferas, pero ¿qué sucede con el sistema de justicia penal? ¿Qué puede hacerse para incorporar en él la dimensión de género?