La salud sexual y reproductiva no es asunto solo de mujeres; atañe a todas las esferas de la sociedad, porque implica la posibilidad de vivir y reproducirnos (biológica y socialmente). Pero históricamente ha sido abordado en un contexto de desigualdad estructural: Estudios feministas han cuestionado la intervención médica en los cuerpos de las mujeres, por mostrar una relación de dominación basada en el sexo y el género.

En semanas pasadas se ha generado una serie de propuestas sobre posibles reformas al sistema de justicia penal. Una de ellas es la de aumentar el listado de delitos por los que procedería la «prisión preventiva» automática (oficiosa). Según sus promotores, esto permitiría evitar que las personas huyan mientras enfrentan un proceso penal.

La arrebatada defensa de la distinción entre delitos graves y no graves para determinar la procedencia de «prisión preventiva» que están haciendo algunos políticos, me causa tanta perplejidad como a Foucault aquel texto de Borges en el que, citando una cierta enciclopedia china, se dice que «los animales se dividen en a] pertenecientes al emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas».

En un fallo histórico, a propuesta del ministro José Ramón Cossío la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es constitucional, bajo el actual sistema acusatorio, la revisión de medidas cautelares ―particularmente la «prisión preventiva»― impuestas durante procesos penales del anterior sistema mixto o tradicional.