El 8 de marzo pasado fue una jornada histórica en España: Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas convocaron a una huelga de mujeres que no solo tuvo un seguimiento masivo, sino que desencadenó una respuesta ciudadana sin precedentes, llenando las calles de banderas moradas y consignas a favor de la igualdad. La sociedad empezaba a quitarse el yugo del patriarcado y miraba al futuro con ojos de progreso y ansias de cambio.

La política en México ha sido históricamente dominada por los hombres: las mujeres pudimos votar solo a partir de 1953; en 1977 tuvimos a la primera gobernadora ―tendrían que pasar varios años para que hubiera otra―, y fue hasta la reforma electoral de 2013-2014 que se logró al menos formalmente la paridad de género.

En gran parte de los países en desarrollo las normas jurídicas tienden a ser ignoradas. Ciertos estudiosos sugieren que una de las principales causas de una ejecución obligatoria débil de la ley (weak enforcement) es la limitada capacidad del Estado para monitorear y sancionar, y que bajo tales consideraciones ese Estado puede ser caracterizado como débil. Este enfoque asume que los políticos intentan hacer cumplir la ley y fracasan, por lo cual modelos clásicos del derecho y la economía como el de Gary Becker (1968) enfatizan en cómo los presupuestos limitan la ejecución obligatoria de la ley.

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Los días 26 y 27 de abril pasados, en San José [Costa Rica], la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró la audiencia pública del Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, relacionado con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros del Ejército mexicano en el Ejido Benito Juárez de Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, y cuyo paradero aún se desconoce.