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Mañana, 17 de agosto de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá un proyecto de resolución (queja 57/2016) muy relevante sobre los derechos de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La decisión, en esencia, trata de la calidad de sociedad y sistema de justicia que somos y queremos ser, al abordar el lugar que tienen dichas personas en ellos. Al final, la altura de una sociedad se mide en relación al grado en que persigue y asegura la dignidad, equidad y justicia de sus miembros menos privilegiados.

Citlali es una niña indígena de 13 años que fue violada en Sonora y resultó embarazada. Tras la denuncia, con base en las pruebas de violencia física y psicológica recabadas, el ministerio público clasificó el delito como violación, pero el Juez Sexto de lo Penal lo reclasificó como estupro,[1] alegando que hubo consentimiento, a través de engaños a la adolescente.

A nivel global hay gran reconocimiento sobre la necesidad de acciones para reducir la «prisión preventiva». El Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Fuertes de la nueva agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2015-2030 menciona como uno de sus indicadores el porcentaje de personas bajo esta medida cautelar respecto de la población penitenciaria total en cada país.

El 11 de julio [2016] pasado asistí como parte del público a una audiencia inicial por el delito de feminicidio agravado. Según la acusación, un hombre de 37 años provocó lesiones a su pareja la noche del 7 de julio, en el domicilio de ambos, lo cual más tarde habría provocado a esta la muerte, por una hemorragia debida a la perforación de un pulmón. La única testiga presencial de los hechos fue la hija de ella, que es menor de 18 años.