Si el lenguaje es parte de la cultura jurídica, la abogacía tiene que hacerse cargo de todo lo que está cambiando en su uso, con una visión de los contextos regional y global al respecto. Dos ejemplos para ilustrar, provenientes de sede judicial, en clave de derechos humanos:

1) En 2013 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la libertad de expresión no puede incluir palabras homofóbicas, por arraigadas que estén en el habla cotidiana, como «maricón» y «puñal», argumentando que incitan al odio, según señaló la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, aprobada por mayoría.

2) La Corte Constitucional de Colombia prohibió este año el uso de las siguientes expresiones referidas a personas con discapacidad: «Inválido», «con capacidades excepcionales» y «sordo», por considerar que pudieran ser usadas con fines discriminatorios.

Una década hace, Diego Valadés planteó el problema: Las palabras del derecho siguen teniendo entre nosotros un alto ingrediente mágico, que las hace misteriosas, distantes, peligrosas. Lejos de infundir seguridad, las palabras de la ley producen sobresalto.

La Defensoría Pública de São Paulo desarrolla una importante política con base en la cual organiza visitas regulares a personas detenidas preventivamente y sistematiza la información recabada, mejorando así su acceso a la justicia.

A nivel internacional, México se caracteriza por la ratificación de tratados y normas, especialmente los relativos a derechos humanos. Sin embargo, existe un mecanismo vinculante para todos los Estados que no requiere de suscripción ni reconoce excepciones: Se le conoce como jus cogens, la norma imperativa del Derecho Internacional, que incluye la tortura y los malos tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, obligando a los Estados a tomar medidas de prevención y erradicación.