En un fallo histórico, a propuesta del ministro José Ramón Cossío la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es constitucional, bajo el actual sistema acusatorio, la revisión de medidas cautelares ―particularmente la «prisión preventiva»― impuestas durante procesos penales del anterior sistema mixto o tradicional.

Hay una cruzada nacional en instancias de seguridad pública y procuración de justicia, al igual que de gobernadores, para incorporar al catálogo de delitos considerados «graves» los de portación de armas establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (artículos 77 a 91), para que se imponga la «prisión preventiva» oficiosa.

Este mes, Women’s Link Worldwide anunció a los ganadores de la novena edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto, donde se escogen las mejores y peores sentencias judiciales para la igualdad de género en el mundo. Fueron reconocidas decisiones de Colombia, España, Filipinas, Italia, Kenia, Uganda y Tanzania. Los premios representan una valiosa oportunidad para recordar el papel que pueden ―y deben― tener los jueces en la construcción de sociedades comprometidas con los derechos de las mujeres.

Los Tribunales de Tratamiento contra las Adicciones (TTA) son un modelo de intervención utilizado por jueces ―a través de la solución alternativa denominada «suspensión condicional del proceso»― para someter a una persona que enfrenta un proceso penal, si es el caso, a tratamiento por adicciones.