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Afortunadamente para México, la perspectiva de género llegó para quedarse. Ha ido penetrando socialmente a distintos niveles, en algunos casos a pasos agigantados, en otros no tan velozmente como quisiéramos. Hay diferencias entre los géneros que no deben seguir siendo ignoradas y han comenzado a ser atendidas en diversas esferas, pero ¿qué sucede con el sistema de justicia penal? ¿Qué puede hacerse para incorporar en él la dimensión de género?

Martes, 13 Septiembre 2016

Justicia, poder y garantismo

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El caso de Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo Léon, ha generado múltiples controversias. Una de ellas se relaciona con el sistema de justicia penal y su vínculo con el juicio de amparo. El análisis es complejo, pues involucra una serie de factores que nos muestran la complejidad de dicho sistema y los múltiples resortes y condicionantes que intervienen en su actuación.

La reforma constitucional en materia penal de junio de 2008 transformó toda la estructura normativa del derecho penal en México. La oralidad de los procesos ha sido el cambio que marcó al nuevo sistema entre la opinión pública, aunque otras modificaciones igual de profundas no han logrado posicionarse con fuerza en el debate público: Una de ellas incumbe al paso del sistema penitenciario fundado en un modelo de readaptación, a uno que debe diseñarse con base en el principio de reinserción social.

Es relativamente fácil adquirir ceguera por comodidad. Hace falta solo voltear la cara, cerrar los ojos, cruzar la calle o no leer una nota en el periódico. Es razonable. En este país sobran escenas con el potencial de causarnos un hoyo en la boca del estómago. Quizá por eso decidimos dejar de ser testigos y no ver lo que nos resulta incómodo. El peligro de esta condición es que disminuye el sentido de la indignación. Y en esa destreza, creo, los mexicanos somos campeones olímpicos.