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Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudió la figura del/la juez de ejecución en el caso «Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala», analizando su responsabilidad de garantizar y respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

El Artículo 17 de la Constitución enuncia que «Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho», de lo cual se desprende la maquinaria gubernamental encargada de esta obligación y función sustantiva del Estado: La procuración e impartición de justicia.

¿Otra iniciativa de reforma regresiva? ¡Así es! El 9 de febrero pasado dos diputados del PRI presentaron una iniciativa para reformar, entre otras leyes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que ya se conoce como la segunda miscelánea penal. Durante las siguientes semanas analizaremos los puntos que consideramos regresivos: El primero implica el aumento de los delitos donde procederá «prisión preventiva» oficiosa.

La Constitución de la Ciudad de México ha dado un gran paso al regular la creación de una fiscalía que realmente sea capaz de resolver los casos, obtener reparación del daño a las víctimas, castigar a las personas culpables de delitos que más lesionan a la sociedad e impedir la impunidad en delitos cometidos por políticos y otros actores poderosos.