El 19-S sacó a la luz la solidaridad de las y los mexicanos, que se volcaron a las calles; pero también situaciones como la corrupción de las autoridades que afecta de forma grave a grupos históricamente discriminados: Uno de estos eventos trágicos fue el del edificio que se derrumbó en las calles de Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia Obrera [CDMX].

A tres años de la desaparición de los 43 normalistas, el trabajo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación y judicialización del llamado «Caso Iguala» no ha producido los resultados esperados, lo cual genera gran descontento en la sociedad mexicana, traduciéndose en numerosas movilizaciones.

El 1 de septiembre [2017] se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y cerca de 250,000 personas se manifestaron en la famosa Plaza de Mayo,[2] de Buenos Aires, exigiendo su aparición con vida. Pero no fue el único escenario del reclamo ciudadano.

A lo largo y ancho de país, niñas, niños, jóvenes y adultos reclamaron a las autoridades del Estado Nacional que respondan una única pregunta que da la vuelta al mundo: ¿Dónde está Santiago Maldonado? A más de 40 días de su desaparición aún nadie responde.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tiene entre otros objetivos: Establecer las edades mínimas para que una persona sea susceptible del sistema (12 años) y pueda serle impuesta como medida cautelar el internamiento preventivo (14 años); precisar los derechos humanos de lxs adolescentes en conflicto con la ley y las víctimas; priorizar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias; perseguir su reintegración familiar y social durante y después de cumplir una medida de sanción (principalmente socioeducativa); y establecer la especialización obligatoria de lxs operadorxs (jueces, ministerios públicos, defensores y demás), con base en la Constitución.