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Cuando supe por los medios noticiosos que Rafael Caro Quintero fue liberado tras serle concedido un amparo definitivo [octubre 9, 2013], no me sorprendió que, de cualquier modo, el sistema de justicia penal fallara de nuevo, sino la estentórea homogeneidad discursiva de dichos medios para confirmar la sentencia que dictaron hace casi tres décadas, en abril de 1985, serviles a los comunicados, montajes y filtraciones de la Procuraduría General de la República, PGR ―entonces a cargo de Sergio García Ramírez.

Hace diez años comencé a trabajar en el problema de la falta de atención médica en las prisiones. La pregunta que más a menudo se me ha presentado desde entonces es, ¿por qué preocuparse por la salud de «criminales» si muchos otros ciudadanos tampoco tienen acceso a atención médica?

El uso excesivo de la «prisión preventiva» impacta en la sobrepoblación carcelaria y los costos sociales y económicos del sistema penal, y viola derechos humanos. Lo anterior se relaciona con dos características del sistema escrito-mixto de justicia penal: falta de alternativas a la «prisión preventiva» y listados interminables de delitos donde las personas acusadas de cometerlos no pueden enfrentar sus procesos en libertad.

Comenzaré por el final: Quien crea que un Código Único de Procedimientos Penales, únicamente, es la solución a las dificultades del proceso de reforma de los sistemas de justicia penal en México debería moderar sus expectativas. Quien apueste al orden y la receta de la seguridad jurídica para gobernar un proceso extremadamente dinámico de cambios debería moderar sus impulsos lúdicos.