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A lo largo del sexenio pasado el discurso político se centró en el tema de la seguridad. El sistema penitenciario no escapó a esa tendencia y el gobierno señaló la intención de construir más prisiones con inversión pública y privada. Recientemente, la Comisión Nacional de Seguridad anunció la construcción de 10 centros penitenciarios federales que aumentarán la capacidad a 75 mil espacios ―actualmente hay casi 50 mil personas privadas de libertad en el fuero federal.

Cuando supe por los medios noticiosos que Rafael Caro Quintero fue liberado tras serle concedido un amparo definitivo [octubre 9, 2013], no me sorprendió que, de cualquier modo, el sistema de justicia penal fallara de nuevo, sino la estentórea homogeneidad discursiva de dichos medios para confirmar la sentencia que dictaron hace casi tres décadas, en abril de 1985, serviles a los comunicados, montajes y filtraciones de la Procuraduría General de la República, PGR ―entonces a cargo de Sergio García Ramírez.

Hace diez años comencé a trabajar en el problema de la falta de atención médica en las prisiones. La pregunta que más a menudo se me ha presentado desde entonces es, ¿por qué preocuparse por la salud de «criminales» si muchos otros ciudadanos tampoco tienen acceso a atención médica?

El uso excesivo de la «prisión preventiva» impacta en la sobrepoblación carcelaria y los costos sociales y económicos del sistema penal, y viola derechos humanos. Lo anterior se relaciona con dos características del sistema escrito-mixto de justicia penal: falta de alternativas a la «prisión preventiva» y listados interminables de delitos donde las personas acusadas de cometerlos no pueden enfrentar sus procesos en libertad.